Más de 300 documentos gráficos de pornografía infantil fueron recuperados de los archivos de Jaime Avelino M.O., quien era el presunto encargado de una red de pederastas y pedófilos en el estado de Chihuahua, por lo que actualmente enfrenta tres cargos por el delito de trata de personas en modalidad de explotación sexual.
“Hugo Martínez”, como era conocido en el bajo mundo de la venta de niños, fue capturado en su domicilio ubicado en la colonia Villa Juárez, donde los agentes investigadores lograron recuperar varias memorias, celulares y una laptop, donde contenía diversa evidencia de su negocio clandestino.
Tras la espera de varios meses, un juez federal, autorizó a la Fiscalía Especializada de la Mujer a que intervinieran los equipos de cómputo, celular y memorias, para revisar los archivos de Jaime Avelino, los cuales serán integrados a la carpeta de investigación, toda vez que se localizaron más de 300 elementos gráficos.
Videos producidos por él mismo, fotografías tomadas en encuentros sexuales y un catálogo con varios cuerpos de niños de entre 13 a los 18 años de edad son parte del material que se encontraba en su poder y que aparentemente comercializaba en redes sociales a través del alias “Hugo Martínez”, según testificaron las tres víctimas que denunciaron esta red de trata de menores.
Además de reclutar menores, les pagaba para tener encuentros sexuales con adultos y producía material de esta índole para comercializarlo a través de redes sociales.
La detención del presunto responsable se dio, gracias a que uno de los responsables decidió denunciar los hechos, por lo que a su vez dos personas más se unieron para buscar incrementar la pena del presunto responsable, ya que incluso a los afectados los mantiene amenazados de muerte para evitar filtraciones de este grupo.
Jaime Avelino fue quien decidió nombrar al grupo como “Club Pollo”, ya que a los menores los identificaban como “pollos”, los encuentros como “polladas” y una serie de claves o frases más que se convirtieron en el código de comunicación entre víctimas, clientes e intermediarios.
Por mandato judicial, el imputado deberá permanecer bajo la medida cautelar de prisión preventiva en tanto se define su situación jurídica, y cabe señalar que de ser encontrado culpable de los hechos que se le atribuyen podría alcanzar una pena que va de 45 a 90 años de prisión sin derecho a ningún beneficio preliberatorio.
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