/ martes 21 de julio de 2020

Burocratismo federal podría ahuyentar nuevas inversiones

Restricciones establecidas por el gobierno federal han generado un retraso importante en la revisión y aprobación de programas de operación para la industria maquiladora

El burocratismo y la serie de restricciones establecidas por el gobierno federal ha generado un retraso importante en la revisión y aprobación de programas de operación para la Industria Maquiladora, Manufacturera de Exportación (Immex), lo que puede ser factor para ahuyentar nuevas inversiones.

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Miguel Ángel Díaz Marín, especialista en materia económica y socio del despacho Kresston, dijo que la aprobación de los programas de las empresas tiene una tardanza que va de los 8 a los 9 meses, cuando las proyecciones de inversión de las empresas son muy específicas en cuanto a los tiempos que deben seguir desde el inicio de los trámites hasta el arranque de las operaciones.

Indicó que esta situación es lo que ha provocado que durante este año sólo se hayan aprobado dos programas.

Agregó que esta situación ha originado que los empresarios hayan acudido a la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del estado, que encabeza Alejandra de la Vega Arizpe, para solicitar su intervención ante el gobierno federal para lograr la agilización en la aprobación de los programas.

Dijo que en el ánimo de evitar que empresarios que no cumplen con los requisitos establecidos para acceder a los beneficios para las Immex, se ha mantenido en exageración en este casos, sin contar con la gente necesaria para comprobar que las empresas cuenten con un domicilio fiscal real, dispongan de la maquinaria y equipo necesarios, las unidades de transporte y otros que permitan comprobar que no se trata de empresas fantasma.

La concesión para la revisión de las empresas aspirantes a convertirse o a iniciar como Immex, se ha dado a algunos notarios públicos debido a que el gobierno federal no tiene el suficiente personal para realizar las inspecciones y certificarlas, recalcó.

Señaló que la intención es que el gobierno del estado pueda tener las facultades necesarias para llevar a cabo esta labor y así agilizar los procedimientos de aprobación, que siguen todavía en manos del gobierno federal.

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Foto: Cortesía | Ricardo Ortega

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