/ viernes 25 de septiembre de 2020

Denuncian invasión de territorio en Choréachi, Conafor autorizó proyecto

Dicha autorización del proyecto en el territorio indígena viola los derechos humanos y colectivos de la comunidad rarámuri, porque en ningún momento se le garantizó el derecho al Consentimiento, Libre, Previo e Informado

La comunidad indígena de Choréachi denunció la invasión y cercado de un área de 104 hectáreas en su territorio, por personas ajenas a su comunidad. El 11 de mayo del 2020, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) autorizó un proyecto en terrenos en litigio.

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Los integrantes de la comunidad de Choréachi, también conocida como Pino Gordo, ubicada en el municipio de Guadalupe y Calvo señalaron que la ocupación ilegal de su territorio por parte de trabajadores pertenecientes a la comunidad Coloradas de los Chávez pone en riesgo la vida de las personas de Choréachi, especialmente, la de mujeres y niñas contra quienes ya se han registrado agresiones. Integrantes de la comunidad de Choréachi se han visto obligado a esconderse para proteger sus vidas.

La asociación Alianza Sierra Madre brinda acampamiento jurídico a la comunidad e informó que Conafor autorizó el proyecto denominado “Restauración de microcuencas estratégicas”. Con la aprobación de este proyecto la institución violó sus propias reglas de operación al no revisar que el territorio se encuentra en litigio que habrá de resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Se explicó que derivado de los subsidios que se otorgaron a través del programa de “Restauración forestal de microcuencas estratégicas 2020”, la comunidad de Choréachi denunció que el día 3 de agosto representantes de la comunidad agraria Coloradas de los Chávez iniciaron las labores en el Puerto de la Guitarra. Como parte del proyecto, empezaron con el derribo de árboles secos con machetes, hachas y motosierras.



Dicha autorización del proyecto en el territorio indígena viola los derechos humanos y colectivos de la comunidad rarámuri de Chóreachi, porque en ningún momento se le garantizó el derecho al Consentimiento, Libre, Previo e Informado. Además, pone en grave riesgo el derecho al libre tránsito, sobre todo el de las mujeres, niñas y niños quienes se encargan de pastorear chivas y del acarreo de agua, ya que una de las actividades del mencionado proyecto consiste en cercar las hectáreas mencionadas.


El 15 de septiembre del presente año el equipo Alianza Sierra Madre realizó un recorrido técnico para documentar la zona, de ello se concluyó que el proyecto no tiene sustento, pues se registró que en el área mencionado no hay indicios o presencia de erosión del suelo o de algún siniestro provocado por incendios, así como de algún aprovechamiento forestal.

Aunado a ello, se observó que el lugar cuenta con buena cobertura vegetal e infinidad de pinos en regeneración natural, lo cual no justifica que el proyecto sea implementado en dicha zona.

La comunidad rarámuri señala que el derribo de estos árboles deteriora el equilibrio ecológico de la región, ya que son el hábitat de aves, mamíferos y algunos reptiles presentes en el lugar.

Por lo anterior la comunidad rarámuri de Choréachi exige a las autoridades competentes cancelar el proyecto autorizado por la CONAFOR a la comunidad agraria Coloradas de los Chávez, porque daña su patrimonio natural y cultural (tangible e intangible) y afecta el acceso preferente a los bienes naturales que se encuentran dentro de su territorio ancestral.


La superficie autorizada para las actividades del proyecto se encuentra en posesión de la comunidad indígena de Choréachi, superficie en la cual el Tribunal Unitario Agrario (TUA) 5 decretó la suspensión total de toda actividad forestal. Durante años la comunidad Coloradas de los Chávez ha asediado y hostigado a la comunidad ráramuri para despojarlos y desplazarlos con el fin de explotar el recurso forestal existente.

Aunque el permiso de aprovechamiento forestal se suspendió desde el año 2007, se han documentado trabajos de aprovechamiento forestal desde el año 2016 a la fecha, por personas armadas, ajenas a la comunidad rarámuri.

Ante la falta de condiciones de seguridad y violencia generada por personas de Coloradas de los Chávez en Choréachi, en marzo de 2017, en un hecho histórico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano adoptar medidas provisionales para garantizar la vida, integridad y seguridad de los integrantes de Choréachi, siendo la primera ocasión en la que la Corte dicta medidas colectivas para una comunidad indígena del país.


Se exige que las instituciones competentes de los gobiernos federal y estatal garanticen la vida e integridad física de la totalidad de integrantes de la comunidad de Choréachi, como mandató al Estado mexicano la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Además que CONAFOR cancele de manera inmediata el proyecto aprobado a Coloradas de los Chávez; que se proceda, investigue y sancione a quien o a quienes resulten responsables a los responsables de aprobar el proyecto en un territorio en conflicto.


La comunidad indígena de Choréachi denunció la invasión y cercado de un área de 104 hectáreas en su territorio, por personas ajenas a su comunidad. El 11 de mayo del 2020, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) autorizó un proyecto en terrenos en litigio.

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Los integrantes de la comunidad de Choréachi, también conocida como Pino Gordo, ubicada en el municipio de Guadalupe y Calvo señalaron que la ocupación ilegal de su territorio por parte de trabajadores pertenecientes a la comunidad Coloradas de los Chávez pone en riesgo la vida de las personas de Choréachi, especialmente, la de mujeres y niñas contra quienes ya se han registrado agresiones. Integrantes de la comunidad de Choréachi se han visto obligado a esconderse para proteger sus vidas.

La asociación Alianza Sierra Madre brinda acampamiento jurídico a la comunidad e informó que Conafor autorizó el proyecto denominado “Restauración de microcuencas estratégicas”. Con la aprobación de este proyecto la institución violó sus propias reglas de operación al no revisar que el territorio se encuentra en litigio que habrá de resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Se explicó que derivado de los subsidios que se otorgaron a través del programa de “Restauración forestal de microcuencas estratégicas 2020”, la comunidad de Choréachi denunció que el día 3 de agosto representantes de la comunidad agraria Coloradas de los Chávez iniciaron las labores en el Puerto de la Guitarra. Como parte del proyecto, empezaron con el derribo de árboles secos con machetes, hachas y motosierras.



Dicha autorización del proyecto en el territorio indígena viola los derechos humanos y colectivos de la comunidad rarámuri de Chóreachi, porque en ningún momento se le garantizó el derecho al Consentimiento, Libre, Previo e Informado. Además, pone en grave riesgo el derecho al libre tránsito, sobre todo el de las mujeres, niñas y niños quienes se encargan de pastorear chivas y del acarreo de agua, ya que una de las actividades del mencionado proyecto consiste en cercar las hectáreas mencionadas.


El 15 de septiembre del presente año el equipo Alianza Sierra Madre realizó un recorrido técnico para documentar la zona, de ello se concluyó que el proyecto no tiene sustento, pues se registró que en el área mencionado no hay indicios o presencia de erosión del suelo o de algún siniestro provocado por incendios, así como de algún aprovechamiento forestal.

Aunado a ello, se observó que el lugar cuenta con buena cobertura vegetal e infinidad de pinos en regeneración natural, lo cual no justifica que el proyecto sea implementado en dicha zona.

La comunidad rarámuri señala que el derribo de estos árboles deteriora el equilibrio ecológico de la región, ya que son el hábitat de aves, mamíferos y algunos reptiles presentes en el lugar.

Por lo anterior la comunidad rarámuri de Choréachi exige a las autoridades competentes cancelar el proyecto autorizado por la CONAFOR a la comunidad agraria Coloradas de los Chávez, porque daña su patrimonio natural y cultural (tangible e intangible) y afecta el acceso preferente a los bienes naturales que se encuentran dentro de su territorio ancestral.


La superficie autorizada para las actividades del proyecto se encuentra en posesión de la comunidad indígena de Choréachi, superficie en la cual el Tribunal Unitario Agrario (TUA) 5 decretó la suspensión total de toda actividad forestal. Durante años la comunidad Coloradas de los Chávez ha asediado y hostigado a la comunidad ráramuri para despojarlos y desplazarlos con el fin de explotar el recurso forestal existente.

Aunque el permiso de aprovechamiento forestal se suspendió desde el año 2007, se han documentado trabajos de aprovechamiento forestal desde el año 2016 a la fecha, por personas armadas, ajenas a la comunidad rarámuri.

Ante la falta de condiciones de seguridad y violencia generada por personas de Coloradas de los Chávez en Choréachi, en marzo de 2017, en un hecho histórico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano adoptar medidas provisionales para garantizar la vida, integridad y seguridad de los integrantes de Choréachi, siendo la primera ocasión en la que la Corte dicta medidas colectivas para una comunidad indígena del país.


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