/ viernes 11 de junio de 2021

Fiscalía revisa medidas para atender problemáticas de comunidad Indígena de Chóreachi

Durante una audiencia pública ante la CIDH dan seguimiento para atender la problemáticas como la violación de los derechos humanos y la desaparición forzada

Parral, Chih.- La Fiscalía participa en audiencia pública ante la CIDH. Revisan medidas provisionales para protección de la Comunidad Indígena de Chóreachi. Asimismo, participaron cuatro autoridades de la comunidad rarámuri y representantes de Alianza Sierra Madre A.C. (Asmac) y del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm).

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Dando cumplimiento a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; el Fiscal de Distrito zona sur, Edgar Chaparro Venzor, participó en la audiencia pública para el seguimiento de las medidas provisionales para la protección de integrantes de la comunidad de Choréachi, municipio de Guadalupe y Calvo.

La sesión se efectuó de manera virtual, en la que el funcionario en representación del Estado Mexicano, dio a conocer ante el órgano con sede en San José, Costa Rica, los trabajos coordinados que se han realizado para proteger a los miembros de la comunidad indígena.

Con el recurso humano y material disponible, hemos obtenido resultados más que justificables, dadas las condiciones generales y, continuamos con los esfuerzos para atender la problemática existenteexpresó.

En su intervención, Chaparro Venzor informó que la Agencia Estatal de Investigación ha implementado operativos estratégicos de 30 elementos que acuden a la región, quienes realizan patrullajes.

“Lo alejado de las comunidades, la orografía y la propia morfología del terreno obliga a realizar recorridos pedestres a las comunidades entre tres a siete horas caminando”, dijo.

Acotó que el Estado siempre ha tenido tiene la voluntad y, sobre todo el deber de dar seguimiento a las medidas provisionales en los términos indicados en los años 2017 y 2020 por la CIDH.

En la audiencia se contó con la participación de Prudencio Ayala Chaparro, primer Gobernador, Ángel Manchado Ramos, segundo Gobernador, Prudencio Ramos Ramos, primer Comisario de Policía, Ángela Ayala Ramos, segunda Comisaría de Policía y Representantes de Alianza Sierra Madre A.C. (Asmac) y del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) además de la Fiscalía Especializada en Investigación a Violación de los Derechos Humanos y Desaparición Forzada, así como de la Secretaría de Gobernación, entre otras.

Es de señalar que al igual que muchas comunidades indígenas en México y particularmente en Chihuahua, Choréachi es una comunidad de hecho, sin reconocimiento legal del Estado Mexicano sobre la posesión ancestral de su territorio.

En agosto de 1969, por un error técnico, el Gobierno Mexicano otorgó parte del territorio indígena (15,200 hectáreas) a favor de una comunidad de mestizos vecinos de Choréachi quienes nunca han tenido su posesión; a pesar de esto el Estado le concedió a la comunidad de mestizos un permiso para el aprovechamiento del bosque dentro del territorio indígena, por lo cual existe un litigio ante los tribunales correspondientes, que mientras se resuelve impide a los mestizos talar el bosque, siendo este el origen del conflicto.

A pesar de las resoluciones judiciales, un grupo de los mestizos de la comunidad vecina vinculado al crimen organizado que busca mantener el control de la zona, ha seguido ilegalmente talando el bosque, invadiendo el territorio y desde finales del 2013 han generado una violencia sistemática en contra de la comunidad consistente en asechamiento constante, amenazas con armas de fuego, robo de ganado, quema de viviendas, violación de mujeres, homicidios y desplazamiento forzado.

Esta situación fue puesta del conocimiento de las autoridades mexicanas desde diciembre de 2013, cuando se interpusieron denuncias y se acudió con autoridades solicitando la presencia de fuerzas del Estado en la comunidad; sin embargo, no hubo ninguna respuesta mientras se seguía perpetrando la violencia.

Fue el pasado 20 de febrero de 2014 se solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que se requiriera al Estado mexicano que adoptara las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de la comunidad.

El 6 de octubre de 2014 las medidas fueron concedidas a favor de las personas con mayor liderazgo dentro de la denuncia de la violencia sufrida por la comunidad, posteriormente, el 28 de octubre de 2016, ante la persistencia y generalidad de la situación de riesgo para las personas integrantes de la comunidad y la ineficacia de las medidas adoptadas por el Estado Mexicano, la CIDH decidió ampliar las medidas a toda la comunidad.

A inicios de febrero de 2017 ante el asesinato del beneficiario Juan Ontiveros y frente a la omisión del Estado para la implementación de las medidas cautelares; se solicitó a la CIDH que acudiera ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para solicitar la adopción de medidas provisionales.

Posteriormente, el 25 de marzo de 2017 la Corte IDH resolvió el otorgamiento de medidas provisionales a favor de la comunidad indígena de Choréachi, asimismo, el 10 de junio de 2020, la Corte IDH emitió una segunda resolución sobre las presentes medidas.

Pasa finalizar, desde abril de 2019, la comunidad de Choréachi y las organizaciones que les acompañamos, hemos solicitado a la Corte IDH una audiencia pública para que ese Tribunal supervise directamente el casi completo incumplimiento de las presentes medidas por parte del Estado mexicano.

Por ello, lo importante de esta audiencia es que la comunidad indígena de Choréachi sea el reflejo de lo que viven muchas comunidades indígenas en nuestro país para quienes tiene un altísimo costo la legítima defensa de su tierra, territorio y recursos naturales; en muchas ocasiones estas comunidades se encuentran aisladas mientras enfrentan en su territorio a caciques o miembros del crimen organizado, frente a la indiferencia del Estado Mexicano.

Parral, Chih.- La Fiscalía participa en audiencia pública ante la CIDH. Revisan medidas provisionales para protección de la Comunidad Indígena de Chóreachi. Asimismo, participaron cuatro autoridades de la comunidad rarámuri y representantes de Alianza Sierra Madre A.C. (Asmac) y del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm).

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Dando cumplimiento a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; el Fiscal de Distrito zona sur, Edgar Chaparro Venzor, participó en la audiencia pública para el seguimiento de las medidas provisionales para la protección de integrantes de la comunidad de Choréachi, municipio de Guadalupe y Calvo.

La sesión se efectuó de manera virtual, en la que el funcionario en representación del Estado Mexicano, dio a conocer ante el órgano con sede en San José, Costa Rica, los trabajos coordinados que se han realizado para proteger a los miembros de la comunidad indígena.

Con el recurso humano y material disponible, hemos obtenido resultados más que justificables, dadas las condiciones generales y, continuamos con los esfuerzos para atender la problemática existenteexpresó.

En su intervención, Chaparro Venzor informó que la Agencia Estatal de Investigación ha implementado operativos estratégicos de 30 elementos que acuden a la región, quienes realizan patrullajes.

“Lo alejado de las comunidades, la orografía y la propia morfología del terreno obliga a realizar recorridos pedestres a las comunidades entre tres a siete horas caminando”, dijo.

Acotó que el Estado siempre ha tenido tiene la voluntad y, sobre todo el deber de dar seguimiento a las medidas provisionales en los términos indicados en los años 2017 y 2020 por la CIDH.

En la audiencia se contó con la participación de Prudencio Ayala Chaparro, primer Gobernador, Ángel Manchado Ramos, segundo Gobernador, Prudencio Ramos Ramos, primer Comisario de Policía, Ángela Ayala Ramos, segunda Comisaría de Policía y Representantes de Alianza Sierra Madre A.C. (Asmac) y del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) además de la Fiscalía Especializada en Investigación a Violación de los Derechos Humanos y Desaparición Forzada, así como de la Secretaría de Gobernación, entre otras.

Es de señalar que al igual que muchas comunidades indígenas en México y particularmente en Chihuahua, Choréachi es una comunidad de hecho, sin reconocimiento legal del Estado Mexicano sobre la posesión ancestral de su territorio.

En agosto de 1969, por un error técnico, el Gobierno Mexicano otorgó parte del territorio indígena (15,200 hectáreas) a favor de una comunidad de mestizos vecinos de Choréachi quienes nunca han tenido su posesión; a pesar de esto el Estado le concedió a la comunidad de mestizos un permiso para el aprovechamiento del bosque dentro del territorio indígena, por lo cual existe un litigio ante los tribunales correspondientes, que mientras se resuelve impide a los mestizos talar el bosque, siendo este el origen del conflicto.

A pesar de las resoluciones judiciales, un grupo de los mestizos de la comunidad vecina vinculado al crimen organizado que busca mantener el control de la zona, ha seguido ilegalmente talando el bosque, invadiendo el territorio y desde finales del 2013 han generado una violencia sistemática en contra de la comunidad consistente en asechamiento constante, amenazas con armas de fuego, robo de ganado, quema de viviendas, violación de mujeres, homicidios y desplazamiento forzado.

Esta situación fue puesta del conocimiento de las autoridades mexicanas desde diciembre de 2013, cuando se interpusieron denuncias y se acudió con autoridades solicitando la presencia de fuerzas del Estado en la comunidad; sin embargo, no hubo ninguna respuesta mientras se seguía perpetrando la violencia.

Fue el pasado 20 de febrero de 2014 se solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que se requiriera al Estado mexicano que adoptara las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de la comunidad.

El 6 de octubre de 2014 las medidas fueron concedidas a favor de las personas con mayor liderazgo dentro de la denuncia de la violencia sufrida por la comunidad, posteriormente, el 28 de octubre de 2016, ante la persistencia y generalidad de la situación de riesgo para las personas integrantes de la comunidad y la ineficacia de las medidas adoptadas por el Estado Mexicano, la CIDH decidió ampliar las medidas a toda la comunidad.

A inicios de febrero de 2017 ante el asesinato del beneficiario Juan Ontiveros y frente a la omisión del Estado para la implementación de las medidas cautelares; se solicitó a la CIDH que acudiera ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para solicitar la adopción de medidas provisionales.

Posteriormente, el 25 de marzo de 2017 la Corte IDH resolvió el otorgamiento de medidas provisionales a favor de la comunidad indígena de Choréachi, asimismo, el 10 de junio de 2020, la Corte IDH emitió una segunda resolución sobre las presentes medidas.

Pasa finalizar, desde abril de 2019, la comunidad de Choréachi y las organizaciones que les acompañamos, hemos solicitado a la Corte IDH una audiencia pública para que ese Tribunal supervise directamente el casi completo incumplimiento de las presentes medidas por parte del Estado mexicano.

Por ello, lo importante de esta audiencia es que la comunidad indígena de Choréachi sea el reflejo de lo que viven muchas comunidades indígenas en nuestro país para quienes tiene un altísimo costo la legítima defensa de su tierra, territorio y recursos naturales; en muchas ocasiones estas comunidades se encuentran aisladas mientras enfrentan en su territorio a caciques o miembros del crimen organizado, frente a la indiferencia del Estado Mexicano.

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