El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Chihuahua, Arnoldo Castillo, manifestó que se está de acuerdo en que se castigue a quienes hagan uso abusivo e ilegal de la subcontratación, pero que la regulación eficaz de dicha figura legal no debe derivar en restricciones excesivas que lastimen la inversión productiva, la generación de empleo y el desarrollo regional.
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Explicó que hay comisión de la cámara nacional en el cual están incluidos varios estados para discutir ese tema, en este caso en particular, Chihuahua no está porque participan en la Ley de Obra Pública Federal, donde se pretenden hacer algunos ajustes generales. No obstante, siguen muy de cerca el tema del outsourcing.
“En realidad quisiéramos ser todólogos, pero no se puede”, indicó Castillo, quien puso como ejemplo que en la construcción de un hospital se necesitará mano de obra calificada para la instalación de las líneas de oxígeno, debiendo subcontratar a personal certificado para realizar dicho trabajo.
“Eso es lo que estamos peleando los constructores a nivel nacional. No subcontratar a outsourcing porque de alguna manera, unas de estas empresas se dedicaron a hacer negocio tanto con el recurso de la empresa, como con el recurso de algunas personas, no pagando lo suficiente en el Seguro Social, en el Infonavit; aunque es de precisar que otras empresas hicieron bien las cosas”, apuntó.
Castillo indicó que esto es lo que están tratando de hacer los contratistas, las empresas constructoras del país, para que no desaparezcan a esa persona y les “peguen” donde pueden subcontratar a alguien para mano de obra calificada, “que son dos cosas muy diferentes”, abundó.
El pasado 12 de noviembre, se presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la cual se modifican diversas leyes relacionadas con la práctica de la subcontratación. Al respecto, desde CMIC nacional se señaló que, “debido a la complejidad y estándares de calidad involucrados en la industria de la construcción la subcontratación de personal y servicios apegada a derecho es inevitable y oportuna, ya que intervienen diversos expertos en la elaboración de proyectos, procesos constructivos, supervisiones, trabajos de instalaciones y acabados especializados, entre otros”.
Por ello, como órgano de consulta y colaboración del gobierno, y como representante de los intereses de los constructores en México, solicitaron un diálogo abierto y propositivo en el marco del proceso legislativo de la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal, para exponer las particularidades y necesidades de la industria de la construcción.
Asimismo, y en caso de que se apruebe la iniciativa, se dijeron dispuestos a colaborar con la STPS mediante mesas de análisis que permitan conformar el padrón de prestadoras de servicios especializados y obras especializadas, con procesos ágiles y transparentes en la autorización de actividades.
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