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La Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió una recomendación al director general de Pensiones Civiles del Estado, Alberto José Herrera González, por retener de manera indebida cuotas sindicales a más de 5 mil maestros pensionados y jubilados, debido a que ya no forman parte activa del Sindicato Nacional de Trabajadores Sección 42.
Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 42 denunciaron que Pensiones Civiles del Estado destinó 164 millones de pesos a dicho gremio de forma indebida, lo cual perjudicará directamente a 5 mil pensionados.
Los integrantes de la Comisión Síndica Genuina aseguran que dicha cantidad fue entregada entre los años 2012 y 2019, calificando esto como violencia económica.
Por su parte Beatriz Verduzco, integrante de dicha comisión, denunció que los diputados locales han borrado literalmente de un plumazo todos los señalamientos que hizo en su momento la Auditoría Superior del Estado a Pensiones Civiles del Estado por el uso indebido de recursos y gastos, entre otros.
Los maestros jubilados y pensionados mostraron una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la que califica como ilegal, violatoria e indebida la retención de cuotas que ha realizado Pensiones Civiles del Estado desde hace al menos una década.
Dentro de la recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se pide al director de Pensiones Civiles del Estado, Alberto José Herrera González, que gire instrucciones a efecto de que se resuelva la petición presentada por los jubilados y pensionados del sector salud el día 31 de junio de 2018.
También se pide que proceda a la reparación del daño ocasionado en términos de la Ley Estatal de Víctima, con la finalidad de que los afectados puedan tener acceso a los beneficios que conforme a derecho les corresponda.
En el documento también solicitan que tomen las medidas administrativas necesarias para evitar que se vuelva a violar los Derechos Humanos de los pensionados y jubilados.
Lo anterior luego de que el grupo de pensionados y jubilados denunciaran que en un lapso de nueve años les han sido retenidos hasta 39 mil pesos, sin justificación o explicación alguna.
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