Se ampara secretario de Salud contra posible orden de aprehensión

El secretario de Salud, Ernesto Ávila Valdez, interpuso un juicio de amparo cuyo número quedó asignado al 1056/2018 en contra de posibles órdenes de aprehensión y/o comparecencia, así como su ejecución y la falta de notificación de existencia de querella.

El recurso fue admitido en el Juzgado Segundo de Distrito el miércoles 3 de julio.

El funcionario estatal pagó una garantía de 3 mil 500 pesos.

De acuerdo con el acuerdo del Poder Judicial, la siguiente audiencia fue establecida para el 3 de agosto del presente año a las 10:45 horas.

El secretario de Salud señaló que el Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal) ha reconocido el adeudo que tiene con la empresa farmacéutica Egro Servicios de México S.A. de C.V. ante la Secretaría de Hacienda, instancia que deberá liquidarlo en próximos días.

El 25 de junio de este año, Egro Servicios de México S.A. de C.V. informó que presentaría una denuncia en contra del Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal), la Secretaría de Hacienda y Pensiones Civiles del Estado por la falta de pago de distintos contratos desde el 2016, los cuales ascienden a 20 millones 580 mil 371.

En los meses de octubre de 2016 y enero de 2017, la empresa recibió de manera directa dos adjudicaciones mediante Pensiones Civiles del Estado.

El 6 de octubre del 2016 Pensiones Civiles del Estado celebró el contrato identificado con el número PEC-Medicamentos-AD-2016-C13 con Egro, para el “suministro de medicamentos y productos” por un monto de 28 millones 734 mil 220.91 pesos hasta 31 millones 559 mil 115.66 millones de pesos.

Posteriormente el 1 de enero del presente año Pensiones adjudicó otro contrato registrado con el número PCE-Medicamentos-AD-2017-C9.

Por lo anterior se había acordado el pago cada 20 días pero luego de los primeros 13 millones se dejó de recibir, quedando pendientes cuatro millones 614 mil 112 pesos, que le vendieron a Ichisal y a Pensiones Civiles del Estado, en tanto que el año siguiente se acumularon 16 millones de pesos, de los cuales alrededor de 13 millones corresponden precisamente al contrato de los 80 millones

La representación legal de la empresa solicitó el pago correspondiente a la Secretaría de Hacienda y Pensiones, y al Ichisal ante un notario público.