Integrantes de la Alianza por la Defensa del Estado Laico, que representa a 25 asociaciones, se manifestaron en la Plaza de Armas de la ciudad de Chihuahua, frente al Congreso del Estado, por los avances en la iniciativa del PIN Parental, misma que consideran inconstitucional porque vulnera el derecho a la Educación de las niñas, niños y adolescentes.
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Así lo afirmó David Adrián García, integrante de la alianza, quien detalló la inconformidad porque el pasado 30 de septiembre, los diputados convocaron a instalar las comisiones unidas de Educación, Juventud y Niñez, sin embargo, señaló que la publicación de la convocatoria fue después de haber elegido a la diputada Marisela Terrazas.
“Los diputados insisten en subir esta iniciativa del PIN Parental, que consideramos que es una iniciativa que viola los derechos de las niñas, niños y adolescentes del estado de Chihuahua; que viola el artículo Tercero; que ya ha sido declarada inconstitucional en otras partes del país. Los diputados saben que aunque pase, va a ser declarada inconstitucional, y solo están malgastando el tiempo y el dinero que se les paga por hacer su trabajo, no lo están haciendo”, afirmó.
El activista detalló que los procesos no los están haciendo públicos, sino que hay secretismo, y que la diputada Marisela Terrazas, es una de las impulsoras de la ciudadanía, y están haciendo los procesos a espaldas de la ciudadanía.
ADELA está en contra de la iniciativa por otorgar a los padres de familia lo que consideran un derecho inexistente, que consta de vetar la educación para los hijos, sino administrar información, sobre todo de tipo sexual; no obstante, advirtió que se puede extrapolar a situaciones como ideologías terraplanistas, o que niegan la Teoría de la Evolución.
La ADELA está conformada por alrededor de 25 organizaciones en Chihuahua, y a nivel nacional, la integran la Coalición Artículo Tercero y la Red por los Derechos de la Infancia en México, con un grupo de alrededor de 100 personas, en Chihuahua.
Para finalizar, entregaron su posicionamiento por escrito en la puerta, al no tener ningún acercamiento por parte del Congreso del Estado.
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