/ sábado 20 de octubre de 2018

Sin validez documento de JMAS que autoriza a Altozano

Conagua ya había declarado que la zona esta vedada para explotarla acuíferamente

“El sentir por parte de todo el sector inmobiliario, ya sea de vivienda, industria o comercial, es de incomodidad e incertidumbre, respecto a que no se estén haciendo las cosas de manera correcta en el desarrollo de Altozano”, señaló el director de la Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles (Caprin), Omar Fernando Ureña.

En entrevista, señaló que una de las principales preocupaciones de los diferentes agremiados a la cámara es la relativa a la validez y legalidad con que se esté llevando a cabo la construcción del proyecto, especialmente en lo referente a la factibilidad de agua con que pretende operar el Desarrollo de Grupo Altozano, ya que previamente la Comisión Nacional del Agua había decretado que la zona donde actualmente se construye el desarrollo entraba en veda debido a la sobreexplotación del líquido en el sector.

A ello se añade, mencionó, el hecho de que “el desarrollo (de Altozano) no cuenta con factibilidad de agua suficiente”. En este punto, señaló también que el permiso que firmó el extitular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Mario Mata Carrasco, es un documento “del que no se tiene precedente alguno y que debió haber sido reconocido como carente de toda validez”.

Al respecto, detalló que dicho permiso, que autorizaba a Grupo Altozano continuar con los trabajos de construcción del desarrollo “Nuevo Chihuahua” bajo la figura de “desarrollo independiente”, incumplió con la reglamentación y disposiciones oficiales aún vigentes.

Ello debido, según recordó, a que cualquier construcción de infraestructura para garantizar la disponibilidad de agua en un desarrollo determinado, trátese de colectores, líneas de agua, líneas de tratamiento, o excavación de pozos, es una condición para que la JMAS certifique la factibilidad de agua, tras lo cual dicha infraestructura pasa a ser propiedad de la Junta de Agua y es a través de ésta que cada inmueble se abastece.

De ahí, señaló, la imposibilidad de que al Grupo Altozano le haya sido otorgado el permiso para continuar bajo el argumento de ser un “desarrollo independiente” a la red de la JMAS. Por ello, expresó que “vemos como positivo que la actual directiva de la Junta local busque invalidar dicho documento”.

Asimismo, refirió que al proyecto “Nuevo Chihuahua” le fue negada la factibilidad de agua en 2017 al no poder acreditar ante la Junta Municipal de Agua y Saneamiento las condiciones para extraer la cantidad de agua necesaria para su operación.

Por otra parte, manifestó que para el sector inmobiliario persiste una duda generalizada respecto a las plantas tratadoras que Altozano anunció como parte del desarrollo inmobiliario, ya que además de que “no se tiene ninguna información respecto a cómo funcionarían”, estarían ubicadas en una zona que conllevaría un importante riesgo ambiental para los cuerpos de agua en la presa El Rejón y aledañas.

Explicó que al estar ubicado el desarrollo de Altozano en una zona con mayor elevación geográfica que la de los cuerpos de agua circundantes, de registrarse algún malfuncionamiento o contingencia en el funcionamiento de las plantas tratadoras, el eventual escurrimiento de agua iría a parar a las presas, lo cual podría acarrear daños al ambiente.

Agregó que éste ha sido históricamente uno de los factores que ha disuadido la inversión e interés de otros grupos y empresas inmobiliarias de invertir en un desarrollo en aquella zona, por la cantidad de gasto y complejidad que involucra el garantizar infraestructura que garantice la no-contaminación de los cuerpos de agua cercanos.

Por ello, el director de Caprin enfatizó en que contrario a diversos señalamientos, según los cuales compañías locales del gremio inmobiliario buscan “detener la competencia e inhabilitar a Altozano”, la llamada para las autoridades encargadas de regular el uso de suelo y verificar la factibilidad del agua es a “garantizar un piso parejo para todos los competidores, y que todos, incluido Grupo Altozano, cumplamos con las regulaciones que marca la ley, que todos paguemos los permisos que haya que pagar, que todo llevemos a cabo en tiempo y forma los trámites que haya que realizar”.

“El sentir por parte de todo el sector inmobiliario, ya sea de vivienda, industria o comercial, es de incomodidad e incertidumbre, respecto a que no se estén haciendo las cosas de manera correcta en el desarrollo de Altozano”, señaló el director de la Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles (Caprin), Omar Fernando Ureña.

En entrevista, señaló que una de las principales preocupaciones de los diferentes agremiados a la cámara es la relativa a la validez y legalidad con que se esté llevando a cabo la construcción del proyecto, especialmente en lo referente a la factibilidad de agua con que pretende operar el Desarrollo de Grupo Altozano, ya que previamente la Comisión Nacional del Agua había decretado que la zona donde actualmente se construye el desarrollo entraba en veda debido a la sobreexplotación del líquido en el sector.

A ello se añade, mencionó, el hecho de que “el desarrollo (de Altozano) no cuenta con factibilidad de agua suficiente”. En este punto, señaló también que el permiso que firmó el extitular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Mario Mata Carrasco, es un documento “del que no se tiene precedente alguno y que debió haber sido reconocido como carente de toda validez”.

Al respecto, detalló que dicho permiso, que autorizaba a Grupo Altozano continuar con los trabajos de construcción del desarrollo “Nuevo Chihuahua” bajo la figura de “desarrollo independiente”, incumplió con la reglamentación y disposiciones oficiales aún vigentes.

Ello debido, según recordó, a que cualquier construcción de infraestructura para garantizar la disponibilidad de agua en un desarrollo determinado, trátese de colectores, líneas de agua, líneas de tratamiento, o excavación de pozos, es una condición para que la JMAS certifique la factibilidad de agua, tras lo cual dicha infraestructura pasa a ser propiedad de la Junta de Agua y es a través de ésta que cada inmueble se abastece.

De ahí, señaló, la imposibilidad de que al Grupo Altozano le haya sido otorgado el permiso para continuar bajo el argumento de ser un “desarrollo independiente” a la red de la JMAS. Por ello, expresó que “vemos como positivo que la actual directiva de la Junta local busque invalidar dicho documento”.

Asimismo, refirió que al proyecto “Nuevo Chihuahua” le fue negada la factibilidad de agua en 2017 al no poder acreditar ante la Junta Municipal de Agua y Saneamiento las condiciones para extraer la cantidad de agua necesaria para su operación.

Por otra parte, manifestó que para el sector inmobiliario persiste una duda generalizada respecto a las plantas tratadoras que Altozano anunció como parte del desarrollo inmobiliario, ya que además de que “no se tiene ninguna información respecto a cómo funcionarían”, estarían ubicadas en una zona que conllevaría un importante riesgo ambiental para los cuerpos de agua en la presa El Rejón y aledañas.

Explicó que al estar ubicado el desarrollo de Altozano en una zona con mayor elevación geográfica que la de los cuerpos de agua circundantes, de registrarse algún malfuncionamiento o contingencia en el funcionamiento de las plantas tratadoras, el eventual escurrimiento de agua iría a parar a las presas, lo cual podría acarrear daños al ambiente.

Agregó que éste ha sido históricamente uno de los factores que ha disuadido la inversión e interés de otros grupos y empresas inmobiliarias de invertir en un desarrollo en aquella zona, por la cantidad de gasto y complejidad que involucra el garantizar infraestructura que garantice la no-contaminación de los cuerpos de agua cercanos.

Por ello, el director de Caprin enfatizó en que contrario a diversos señalamientos, según los cuales compañías locales del gremio inmobiliario buscan “detener la competencia e inhabilitar a Altozano”, la llamada para las autoridades encargadas de regular el uso de suelo y verificar la factibilidad del agua es a “garantizar un piso parejo para todos los competidores, y que todos, incluido Grupo Altozano, cumplamos con las regulaciones que marca la ley, que todos paguemos los permisos que haya que pagar, que todo llevemos a cabo en tiempo y forma los trámites que haya que realizar”.

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