Juicio abreviado para admitir su responsabilidad y aceptar una pena mínima en prisión solicitó la defensa legal del exsecretario de finanzas del Comité Directivo Estatal del PRI, Pedro Mauli Romero Chávez, quien es procesado por el delito de peculado tras haber recibido 63 millones 833 mil 333 pesos directamente de la tesorería del gobierno de César Duarte Jáquez, que correspondían a compensaciones simuladas para empleado, cuyo dinero fue a parar a las arcas del partido tricolor. La audiencia se celebró en la sala uno de los Juzgados Federales del Poder Judicial de la Federación en Chihuahua.
Ayer por la mañana en el reinicio del proceso penal en su contra, los abogados del exfuncionario del PRI Estatal acordaron con el Ministerio Público (la parte acusadora) y con el juez de la causa, que se acepta la responsabilidad de Romero Chávez mediante un procedimiento de juicio abreviado.
Pedro Mauli reconoció su responsabilidad en los delitos que le fueron imputados, renunció a la posibilidad de someterse a un juicio oral y aceptó someterse a una sentencia basada en la solicitud del Ministerio Público.
El juez federal Eduardo Javier Torres Sáenz estableció que el procedimiento abreviado se realizará el 22 de agosto del presente año a las 14:28 horas en los Juzgados del Poder Judicial de la Federación.
El 12 de octubre del 2017, la Fiscalía General del Estado atribuyó a Pedro Mauli, en su carácter de secretario de Finanzas del PRI Estatal, la recepción de aportaciones mensuales de tres millones de pesos por parte de la Tesorería de la Secretaría de Hacienda desde junio del 2014 hasta diciembre del 2015.
En los antecedentes, el Ministerio Público señaló que en diciembre del 2014 recibió también una aportación adicional de 3 millones 663 mil 668 pesos y en diciembre de 2015, de 3 millones 166 mil 676 pesos, lo que suma una cantidad total de 63 millones 833 mil 333 pesos.
Los recursos fueron desviados de las arcas públicas por funcionarios de la dependencia estatal citada, a través de la cuenta BBVA Bancomer 0166143970 perteneciente a la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado, destinada al pago de nómina de los empleados estatales.
Al término de la audiencia, la juzgadora accedió a la petición de la defensa de declarar incompetente al órgano jurisdiccional estatal, toda vez que se trata del mismo tipo de delito que el de la causa penal federal.
Por ese motivo, se entregó el expediente a los Juzgados Federales para que se integrara a la investigación abierta por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) relativa al desvío de 14 millones 609 mil 583 pesos al partido tricolor, provenientes de descuentos a las compensaciones de los trabajadores del Gobierno del Estado, según se asienta en la causa penal 457/2017.
