El gobernador del estado, Javier Corral Jurado, sentenció que dentro de las próximas acciones de la Operación Justicia para Chihuahua irán por ex funcionarios de Pensiones Civiles del Estado, Coespris y la Secretaría de Salud, por el suministro de medicamento “pirata” contra el cáncer, que pudo haber afectado la salud de por lo menos 14 pacientes.
Se trata del fármaco oncológico de nombre Bevacizumab, conocido comercialmente como Avastin, el cual detectaron que estaba alterado y no contaba con los requerimientos necesarios para el tratamiento del cáncer, pero hasta el momento se desconoce si sólo era agua destilada o qué otra sustancia contenían estos medicamentos adquiridos por la administración de César Duarte.
“Más grave que el caso de Veracruz”, aseguró el gobernador al comparar el caso del suministro de este medicamento en Chihuahua. Explicó que se inflaron los costos, se inyectó medicamento alterado y se favoreció a una de las empresas que, dijo, tenía mucha preferencia con la administración pasada.
Aunque hasta el momento no se ha determinado si el medicamento fue el detonante de la muerte de estas 14 personas, la Fiscalía General del Estado se encuentra investigando esta relación con estos pacientes que murieron, y que también tuvieron este tratamiento que catalogaron como “pirata”, ya que no era útil para combatir el cáncer.
Javier Corral comentó que en estas investigaciones se encuentra personal involucrado de la propia Secretaría de Salud, personal de Coespris, Pensiones Civiles del Estado y la empresa farmacéutica identificada como Imarsa, que era la encargada del negocio con la pasada administración.
Ya que cuando llegaron a tomar el cargo tuvieron conocimiento de los hechos en el año 2016, pero al buscar una denuncia que se había presentado en el 2012 se percataron de que ésta había desaparecido y que todo el medicamento había sido destruido por parte de la Coespris con el objetivo de que no se dieran a conocer los hechos.
“En esa obsesión enfermiza de disponer de lo ajeno, terminaron cometiendo actos inhumanos, porque suministrar medicamentos alterados, en tratamientos tan delicados, de una perversidad que no les permite andarse llamando presos políticos”, refirió el gobernador al anunciar nuevo combate a la corrupción en el sector salud.
Comentó que la carpeta se hizo perdidiza, se ocultó, trató de encubrirse y ocultarse, pero ahora que la fiscalía recuperó la carpeta y que ya cuenta con testimonios y recuperó documentos, actas, minutas, la investigación se sigue conforme a la ley, ya que destacó, son casos por los que dice “vale la pena todo el esfuerzo que hacemos en el tema de Justicia para Chihuahua, porque no sólo vinieron a robarse el dinero, vinieron a poner en riesgo la vida de muchas personas”.
Adelantó que existen nombres y apellidos de todos a los que les fue suministrado el medicamento, y otra lista de los que recibieron el mismo y fallecieron, pero lo que no se sabe hasta el momento es si el fallecimiento tiene conexión con el suministro del tratamiento, si fue una causa eficiente o definitiva del deceso.
Según la información que ha concentrado el gobernador Javier Corral, la responsable sanitaria de Farmacia y Almacén de Medicamentos de Pensiones Civiles solicitó la intervención de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Chihuahua, para que se analizara el fármaco Avastin reportado y lo destruyera.
El titular del Ejecutivo estatal manifestó que a partir de ahí iniciaron una serie de acciones por funcionarios de Pensiones, para tratar de encubrir esta alteración de medicamentos, se llegó al extremo en 2015, de ordenar destruir los medicamentos que habían sido sujetos del estudio por Roché en una solicitud de Coespris, para no dejar huella.
“De que mucha gente supo y encubrieron el hecho, esta empresa fue la empresa favorita en el sexenio de Duarte, todo el 2012 es la empresa que le surte a Pensiones Civiles del Estado, tenemos el registro de los reportes de inventario, en farmacia y almacén y las facturas que lo amparaban, un lote lo ampara una factura de 3 millones de pesos”, explicó.
De momento, precisó, se reúnen cada vez más elementos y esperan pronto poder concretar el cierre de las investigaciones, porque hay un conjunto de cinco o seis involucrados que se dieron cuenta de los hechos, según consta en algunas de las actas firmadas.
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