Los 246 millones de pesos desviados del erario, de los que se acusa al exsecretario de Educación Ricardo Yáñez y a los exfuncionarios estatales de la Secretaría de Hacienda Gerardo Villegas y Enrique Antonio Tarín, fueron entregados en efectivo, en maletas en el PRI Nacional en el año 2016, durante la dirigencia de Manlio Fabio Beltrones, según las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado.
Según las pesquisas dentro de la causa penal que implica a los exfuncionarios estatales, el dinero extraído del erario mediante cheques que luego eran cambiados a efectivo en Chihuahua, fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México en febrero de 2016 y entregado al funcionarios del PRI Nacional por parte de Tarín García, exdirector de Adquisiciones y Gerardo Villegas, exdirector general de Administración.
Sobre estas investigaciones del desvío de 246 millones de pesos, han sido sentenciados Yáñez Herrera y la exdirectora de Administración de la Secretaría de Educación, Karla Areli Jurado Bafidis; ella fue condenada a 3 años de prisión, a la reparación del daño por el monto del peculado, además del pago de una multa de 373 mil 383 pesos y su inhabilitación para ejercer cargos públicos, en tanto que el exsecretario fue condenado a 4 años de prisión, inhabilitación por 4 años, pago de multa cercana al medio millón de pesos y la reparación del daño. Ambos aceptaron el procedimiento abreviado y por el delito cometido se determinó que no tienen derecho a la libertad condicionada.
El Ministerio Público demostró que entre febrero y abril de 2016 los sentenciados, en contubernio con otros exfuncionarios sometidos a proceso, Gerardo Villegas y Enrique Antonio Tarín, orquestaron la simulación de contratos de cursos, capacitaciones y talleres para padres de familia y maestros, así como la adquisición de un software, a través de la adjudicación directa y la autorización del pago de dichos servicios, que nunca se prestaron.
Se trata de los contratos SH/AD/078/2016, relacionado con talleres para padres de familia de nivel preescolar y primaria, por 55 millones de pesos, a la empresa Servicios y Asesorías Samex S.C; SH/AD/079/2016 por el servicio de capacitación y actualización de docentes de nivel básico y evaluación de personalidades, motivaciones y áreas de oportunidad, por un monto de 55 millones de pesos, dirigidos a Servicios y Asesorías Sinax S.A de C.V; SH/AD/080/2016 por un curso sobre medio ambiente, por la cantidad de 46 millones de pesos a servicios y asesorías SISASS S.A de C.V; y SH/AD/070/2016 por la planeación, diseño e implementación del software denominado Sistema Integral de Trámites y Movimiento de Personal del Subsistema Estatal, por la cantidad de 90 millones de pesos, a Despacho de Profesionistas Futura S.A de C.V. Dichos contratos fueron simulados, jamás se entregaron los servicios o bienes mencionados y los recursos se destinaron principalmente al PRI Nacional.
Según el diario Reforma, el acuerdo para la planeación de estos desvíos fue entre el entonces gobernador César Duarte, el secretario de Hacienda en el momento, Luis Videgaray y el presidente del PRI Nacional, Manlio Fabio Beltrones, sirviendo de intermediarios y operadores el secretario adjunto del tricolor, Alejandro Gutiérrez y el titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal, Alfonso Isaac Gamboa Lozano, sin embargo, salvo el exmandatario estatal, estos no figuran en las indagatorias de la Fiscalía General del Estado, no en la causa penal iniciada por la que recibieron sentencia ya dos exfuncionarios estatales.
La nota de Reforma se basa en declaraciones de un testigo con identidad reservada, presumiblemente el exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, donde se detalla la participación de las personalidades priistas, sin embargo dichos nombres no aparecen en la indagatoria, que sí supone la entrega del dinero en la Ciudad de México por parte de exfuncionarios estatales de la administración de César Duarte, mas no acusa directamente a alguien por haberlo recibido.
Lo que sí obra en la investigación estatal es la participación en el diseño de los contratos y el plan para adjudicarlos directamente, por parte del entonces director general de Administración y el director de Adquisiciones, Gerardo Villegas Madriles y Enrique Antonio Tarín García, quienes organizaron el desvío mediante los contratos sin mediar licitación pública alguna. Los cuatro contratos, independientemente de la investigación de la Fiscalía General del Estado, aparecen con observaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado, en la revisión de la cuenta pública 2016 del Poder Ejecutivo.
“Con base a lo señalado anteriormente, la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua determina que existen elementos suficientes que permiten presumir irregularidades administrativas causadas por servidores públicos adscritos al ente fiscalizable, incumpliendo con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia (…)” según el informe de la revisión de la cuenta pública que está por ser dictaminado en el Congreso del Estado.
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