Ya es obsoleto el pacto fiscal

El gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, al participar en el Foro de Federalismo Fiscal en la Ciudad de México, detalló la urgencia de hacer cambios en el modelo de federalismo en México, incluso pidió la conformación de una nueva constitución o por lo menos una reforma integral a la Constitución para rediseñar la distribución, facultades, funciones y de recursos en una revisión de los elementos esenciales y criterios de la descentralización.

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“Dentro del nuevo federalismo se requiere un nuevo federalismo fiscal, equitativo que por supuesto reconozca diversidades, pero basado en conjunto de incentivo, que acepte la corresponsabilidad de los tres niveles de Gobierno, para no pasar sólo a la exigencia de más recursos sin responsabilidad, para recaudar más y de mejor manera”, comentó el mandatario.

Dijo que los retos que se encuentran amenazando el pacto federalista en México es la desigualdad y la pobreza; el segundo reto es el crimen organizado, el crecimiento y consolidación y profundidad del crimen, como uno de los principales riesgos democráticos y federal; el tercero es el crecimiento mínimo de la economía, “preguntar si el esquema actual de federalismo fiscal, o federalismo en general, permite atajar al crimen organizado como está ahora definido, o puede alentar el crecimiento económico, como está planteado el actual presupuesto de egresos de la federación, que está más orientado hacia la constitución de una base de apoyo popular de carácter político, que como un instrumento para el crecimiento económico”.

Javier Corral dijo que son pocos los que piden un cambio fiscal, pero se reenciende el debate sobre la revisión del modelo de federalismo en México, por la preocupación por una reconcentración de facultades, atribuciones y recursos, que el que reitera la necesidad de discutir el tema.

¿Para qué queremos discutir el nuevo federalismo?, ¿cuáles son los otros retos?, preguntó el gobernador, al explicar que en un tema que se colocará como un tema de gobernabilidad democrática y estabilidad política será la gobernanza y la gestión del agua, toda vez que en medio país el agua se constituye en la disputa de conflicto y se podría constituir en los fenómenos de guerra, cuando en algunos estados les falta el agua y otros les sobra la lluvia.

“Necesitamos una reforma de carácter fiscal, no sólo para modificar la fórmula general del 80-20, que dé la recaudación federal, sólo se integre el fondo participable con el 80%, sino modificar los criterios entre entidades, la reforma de 2007 es uno de los golpes más duros al federalismo a México, donde el Estado de México fue el más ganón, como una especie de pago de favores”, comentó.

Javier Corral Jurado dijo que dentro de esa reforma retomaron como importancia principal el criterio poblacional, por lo que actualmente el estado que mayor recaudación propia tiene, que más participa es el que más recibe y nada aporta. Chihuahua al mandar 1 pesos, le regresan .42 centavos, al Estado de México, al dar un peso le regresan 1.36, siendo el estado con más posibilidades económicas.

“La reforma no fue una casualidad, fue dirigida, lo primero que debemos hacer es resolver las distorsiones generadas por los criterios políticos, le dan a los estados que no perdieron participaciones, Chihuahua perdió el 75% con relación a la fórmula, pero a otros estados que no perdieron nada le dan recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (Feief).

Agregó que es necesario un cambio del pacto de coordinación fiscal, que reconozca los esfuerzos, del estado de Chihuahua para mejorar la situación financiera del estado, toda vez que pasó del lugar 27 de transparencia presupuestal según el IMCO al 2 lugar; pasó a ser líder de exportación en país, con 14%; creció económicamente un 4.2%, frente al 0.1% nacional, por lo que consideró que no tiene en su desempeño ni en gestión gubernamental económico, ninguna reciprocidad.

“Le dan igual a los que no hacen nada, que a los que sí, es lo que debe cambiar en el acuerdo de coordinación fiscal, los estados que hacen la tarea deben tener un mecanismo resarcitorio y compensatorio de reconocimiento, sin dejar de atender el combate a la marginación y la pobreza y desigualdad”, comentó.

Entre las participaciones el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz, dijo que el mayor problema jurídico que tiene el país es su pésimo sistema federal, porque históricamente la Federación ha tenido la posibilidad de generar las leyes que van a regular a la Federación misma y a los estados, y a partir de ésta la propia Federación se ha quedado poco a poco con las competencias que corresponden a los estados.

“Temas como aborto, el uso de la píldora del día siguiente, la satisfacción de derechos a la salud, problemas educativos, tenían que ver con la asignación de competencias, más que el problema de discusión acerca de si se podía o no interrumpir un embarazo o aplicar la píldora, el problema tenía que ver con el pésimo diseño constitucional que se tiene”, refirió.

Por parte de la diputada Patricia Terrazas señaló que los recursos que actualmente se centralizan por el Gobierno de la República irán a “proyectos sin proyecto”, e implicó recortes importantes para las entidades y a los organismos descentralizados.

“Lo que debemos ver es si el federalismo va sobre las intenciones de atender a los más necesitados, y ahí es donde vemos que en la asignación de los recursos que van al campo, que es donde están los más pobres de los pobres, hay recortes importantes”, añadió Patricia Terrazas.

Dijo que este recorte de casi 25 mil mdp es una evidencia de que la Federación centraliza y toma decisiones que no van a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

En la intervención del doctor en Economía, Fausto Hernández, y el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Guillermo Cejudo, coincidieron en que es preciso cambiar el pacto fiscal, toda vez que es obsoleto y no se ajusta a la realidad actual del país.

Señaló que la centralización en cierto momento se vio como una necesidad para que se pudiera desarrollar el país y ésta se dio en el seno del modelo de desarrollo estabilizador, un esquema que ahora debe modificarse, pero lamentó que pocas veces se piensa en las competencias de cada gobierno, por lo cual indicó que se debe poner atención en las obligaciones de cada orden gubernamental, para definir las fuentes de financiamiento, aspecto que no se toma en cuenta como debería.

“El problema del federalismo no sólo es un problema de reparto de dinero, es algo mucho más complejo”, expresó el académico de la Universidad Autónoma de México (UNAM), Mauricio Merino Huerta, durante el Foro Federalismo Fiscal efectuado en el Claustro Monte de Piedad de la Ciudad de México.

“El municipalismo ha sido adversario del federalismo y cuando los municipios han sido más funcionales para la estabilidad política del país, es cuando se han aliado al gobierno nacional, como recurso político y aún electoral. Los municipios organizaban los ‘fraudes’ por instrucciones de los grandes operadores nacionales”, expresó.

Dijo que el federalismo mexicano quedó soterrado porque no era el diseño constitucional formal lo que prevalecía, cuando el control de los aparatos políticos del país estaban articulados en torno al partido hegemónico: el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

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