/ miércoles 10 de junio de 2020

Corte resolverá caso del Ejército Popular Revolucionario

Hace 13 años, dos de sus militantes fueron detenidos por el Ejército y desde entonces no se sabe de ellos

La mañana del 24 de mayo del 2007 Edmundo y Gabriel se encontraban en el hotel “El Árbol”, en la ciudad de Oaxaca, ambos pertenecían al Ejército Popular Revolucionario (EPR), pero a las 11:30 horas integrantes del Ejército Mexicano y de las policías estatal y municipal realizaron un operativo en el lugar y sus inmediaciones. Hoy su caso llegó a la Suprema Corte. Registros judiciales señalan que tanto Edmundo Reyes Amaya como Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron detenidos en la operación y conducidos a las instalaciones de la entonces Procuraduría General de Justicia de Oaxaca para después ser trasladados por soldados al Campo Militar número Uno. A partir de entonces, nada se volvió a saber sobre el paradero de ambos.

Pasaron 12 años hasta que la jueza federal, María Dolores Núñez sentenció que Edmundo y Gabriel fueron víctimas de desaparición forzada y agentes del Estado Mexicano cometieron en su contra violaciones graves a los derechos humanos.

Además de la reparación integral del daño, la jueza ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) permitir la entrada a la autoridad encargada de las investigaciones del caso a cualquier instalación militar, con las debidas medidas de seguridad, para buscar a los afectados, o bien, sus restos mortales.

Incluso, ante diversas deficiencias y omisiones presentadas durante la investigación para localizar a Edmundo y Gabriel, la impartidora de justicia ordenó el reconocimiento de la integración de la Comisión Especial de Búsqueda, para localizar a los agraviados. Sin embargo, la determinación de la juzgadora fue impugnada por la Sedena y la Fiscalía General de la República (FGR) ante un tribunal federal cuyos magistrados coincidieron en la necesidad de que el amparo sea resuelto en definitiva por la SCJN.

Tanto la Sedena como la FGR argumentaron ante el Poder Judicial de la Federación que la jueza de distrito se extralimitó en sus funciones además de que, alegaron, se les está señalando como culpables sin existir pruebas suficientes. Al cumplir 13 años la desaparición, el amparo en revisión que próximamente se discutirá en la Primera Sala de la SCJN, fue turnado a la ministra Margarita Ríos-Farjat, quien también analizará los recursos promovidos por los familiares de los desaparecidos.

La mañana del 24 de mayo del 2007 Edmundo y Gabriel se encontraban en el hotel “El Árbol”, en la ciudad de Oaxaca, ambos pertenecían al Ejército Popular Revolucionario (EPR), pero a las 11:30 horas integrantes del Ejército Mexicano y de las policías estatal y municipal realizaron un operativo en el lugar y sus inmediaciones. Hoy su caso llegó a la Suprema Corte. Registros judiciales señalan que tanto Edmundo Reyes Amaya como Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron detenidos en la operación y conducidos a las instalaciones de la entonces Procuraduría General de Justicia de Oaxaca para después ser trasladados por soldados al Campo Militar número Uno. A partir de entonces, nada se volvió a saber sobre el paradero de ambos.

Pasaron 12 años hasta que la jueza federal, María Dolores Núñez sentenció que Edmundo y Gabriel fueron víctimas de desaparición forzada y agentes del Estado Mexicano cometieron en su contra violaciones graves a los derechos humanos.

Además de la reparación integral del daño, la jueza ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) permitir la entrada a la autoridad encargada de las investigaciones del caso a cualquier instalación militar, con las debidas medidas de seguridad, para buscar a los afectados, o bien, sus restos mortales.

Incluso, ante diversas deficiencias y omisiones presentadas durante la investigación para localizar a Edmundo y Gabriel, la impartidora de justicia ordenó el reconocimiento de la integración de la Comisión Especial de Búsqueda, para localizar a los agraviados. Sin embargo, la determinación de la juzgadora fue impugnada por la Sedena y la Fiscalía General de la República (FGR) ante un tribunal federal cuyos magistrados coincidieron en la necesidad de que el amparo sea resuelto en definitiva por la SCJN.

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