/ lunes 29 de octubre de 2018

Corte suspende indagatorias contra Peña Nieto por caso de Alejandro Gutiérrez

El consejero jurídico de Chihuahua, Jorge Espinoza, consideró que la demanda es un “amparo disimulado

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la suspensión en contra de los actos de investigación y procesamiento por parte del gobierno y la Fiscalía de Chihuahua, al admitir la controversia constitucional presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, en contra de cualquier servidor público federal, ya se de forma directa o indirecta.

A través de la controversia, emitida por el consejero jurídico de la presidencia, Misha Leonel Granados Fernández, se plantea una invasión a la esfera competencial de la Federación, en la que se determinará, por el Pleno de este órgano jurídico, si los funcionarios federales pueden ser sujetos a procesos penales del orden local.

La Suprema Corte de Justicia, también detalló que la suspensión en contra de estos actos no prejuzga sobre la constitucionalidad de las normas y actos reclamados, así como de la probable responsabilidad de los servidores públicos que pudiesen encontrarse sujetos a investigación o proceso, ya que argumentan no existe certeza de cuáles son los fiscales y jueces competentes para procesar las investigaciones en contra de los funcionarios federales.

Por su parte, el consejero jurídico de Chihuahua, Jorge Espinoza, consideró que la demanda de controversia constitucional presentada por el presidente Enrique Peña Nieto ante la SCJN, es un “amparo disimulado”, en la que se busca conocer toda la información que tiene la Fiscalía de Chihuahua para proceder en contra del jefe del Ejecutivo Federal y sus colaboradores, una vez que termine la administración federal y mediante la cual buscan obtener impunidad.

Al darse a conocer la admisión de la controversia por parte del Alto tribunal constitucional, Espinoza Cortés señaló que no tiene sentido ese recurso jurídico y que de ser necesario, sea como sea el presidente Peña y su gabinete, fuera de sus funciones, deberán comparecer ante la justicia de Chihuahua si es necesario.

“Esta controversia constitucional no tiene fundamento, tienen que desecharla, Peña Nieto y su gabinete tendrán que enfrentar a la justicia en Chihuahua por todas las conductas ilícitas durante el desempeño de sus funciones, si así lo determina el Ministerio Público y los jueces locales”, dijo el consejero.

Agregó que las investigaciones sobre casos de corrupción en los que pudiera tener alguna participación el presidente Peña Nieto continuarán, como se mantienen las relacionadas con el exgobernador César Duarte y el exsecretario general adjunto del PRI Nacional, Alejandro Gutiérrez “la Coneja”, quien enfrenta en libertad pero arraigado en Chihuahua acusaciones de peculado vinculadas a operaciones de desvío de dinero que se replicaron en varios estados del país.


La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la suspensión en contra de los actos de investigación y procesamiento por parte del gobierno y la Fiscalía de Chihuahua, al admitir la controversia constitucional presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, en contra de cualquier servidor público federal, ya se de forma directa o indirecta.

A través de la controversia, emitida por el consejero jurídico de la presidencia, Misha Leonel Granados Fernández, se plantea una invasión a la esfera competencial de la Federación, en la que se determinará, por el Pleno de este órgano jurídico, si los funcionarios federales pueden ser sujetos a procesos penales del orden local.

La Suprema Corte de Justicia, también detalló que la suspensión en contra de estos actos no prejuzga sobre la constitucionalidad de las normas y actos reclamados, así como de la probable responsabilidad de los servidores públicos que pudiesen encontrarse sujetos a investigación o proceso, ya que argumentan no existe certeza de cuáles son los fiscales y jueces competentes para procesar las investigaciones en contra de los funcionarios federales.

Por su parte, el consejero jurídico de Chihuahua, Jorge Espinoza, consideró que la demanda de controversia constitucional presentada por el presidente Enrique Peña Nieto ante la SCJN, es un “amparo disimulado”, en la que se busca conocer toda la información que tiene la Fiscalía de Chihuahua para proceder en contra del jefe del Ejecutivo Federal y sus colaboradores, una vez que termine la administración federal y mediante la cual buscan obtener impunidad.

Al darse a conocer la admisión de la controversia por parte del Alto tribunal constitucional, Espinoza Cortés señaló que no tiene sentido ese recurso jurídico y que de ser necesario, sea como sea el presidente Peña y su gabinete, fuera de sus funciones, deberán comparecer ante la justicia de Chihuahua si es necesario.

“Esta controversia constitucional no tiene fundamento, tienen que desecharla, Peña Nieto y su gabinete tendrán que enfrentar a la justicia en Chihuahua por todas las conductas ilícitas durante el desempeño de sus funciones, si así lo determina el Ministerio Público y los jueces locales”, dijo el consejero.

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