María Eugenia Campos, presidente municipal de Chihuahua, señaló que existe una persecución política en su contra, la cual ha sido disfrazada de investigación por parte del gobierno del estado, con la que indica que buscan desacreditarla y vincularla a como dé lugar en los “Expedientes X”.
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Lo anterior señaló durante la presentación de pruebas, en donde la directora del Registro Civil del gobierno del estado, Inés Martínez, buscó a un excolaborador de la funcionaria, que ahora vive en la Ciudad de México, para ser entrevistado por ministerios públicos de la Fiscalía Anticorrupción.
“Inés Martínez buscó a un excolaborador mío, que ahora vive en la Ciudad de México, a Pablo, y le dijo que necesitaba que se entrevistara allá. Pablo accedió y se entrevistó en la Ciudad de México con Carlos Olson, quien además es suplente de Gustavo Madero en el Senado, fue su tesorero en el CEN del PAN y ha sido su operador por muchos años”.
El licenciado Carlos Esparza Zamarripa, ministerio público de la Fiscalía Anticorrupción, fue quien lo buscó el sábado 14 de noviembre y lo citó a una reunión para el jueves 19 de noviembre en la Ciudad de México.
“Por eso, ante empresarios y políticos, el gobernador Corral ha dicho que me ofrece el llamado criterio de oportunidad para ser testigo protegido. Todo con tal de mantener su imagen, aunque sea con mentiras y con el uso ilegal de las instituciones. Por eso es que el gobernador Corral guarda silencio ahora, esperando que sus esbirros consigan fabricar un caso en mi contra, para poder decir que tuvo la razón, aun cuando todo sea una farsa y hayan prostituido la justicia”.
Ante esto, la presidente municipal mostró imágenes de los mensajes que mantenían los funcionarios con Pablo, así como los audios en donde fue citado para reunirse con el ministerio público, y posteriormente mostró un video en donde el agente interrogó a Pablo acerca de los gastos que realizaba durante su trabajo en el municipio.
“Así es como funciona esta persecución: corrompiendo la Fiscalía ‘anticorrupción’, violando su autonomía, al ponerla a las órdenes del subsecretario de Gobierno Carlos Olson o de quien le da órdenes a él, en un evidente ejercicio indebido de funciones y tráfico de influencias, motivados exclusivamente por sus ambiciones políticas, sus filias y fobias personales”.
Para concluir el mensaje, la alcaldesa señaló que la Fiscalía Anticorrupción está trabajando por consigna y en la ilegalidad, puesta al servicio del poder Ejecutivo, así como las presiones y la eventual construcción de pruebas hacen muy evidente que se trata de una maniobra para inculparla.
“Hago responsable a Carlos Olson San Vicente, a Carlos Esparza Zamarripa, a Inés Martínez, a la Fiscalía Anticorrupción y, en general, al gobierno del estado de lo que pudiera ocurrirle a Pablo Canaán, a su familia o a su servidora, a mi familia y a todo mi equipo de trabajo”.
Además, agregó que se encuentra azorada de la malicia y el grado de perversión que tienen sus perseguidores, al llevar a cabo tal afán en una persecución que es exclusivamente de índole político.
Previo a mostrar la evidencia, la alcaldesa recordó las acusaciones que se han hecho en su contra durante los procesos electorales de 2016 y 2018, así como el señalamiento directo del gobernador en su contra durante el mes de julio.
“La semana pasada un diario nacional, Excélsior, comentó sobre el amparo que promoví, solicitud que sigue su curso en la justicia federal. Pero hoy quiero compartir con ustedes claramente lo que está alrededor de ese amparo y exponer la persecución que se ha desatado en contra de una servidora, disfrazada de proceso jurídico”, explicó la funcionaria previa a mostrar las evidencias del proceso que está llevando la Fiscalía Anticorrupción.
Esto se desarrolla desde 2016, cuando inició la investigación en su contra, dentro del periodo electoral para la alcaldía por Chihuahua, y en 2018 Alejandro Domínguez presentó una denuncia en su contra, misma que fue calificada como “sin sustentos” por el acusante.
“Ustedes recordarán cómo el mismo gobernador Corral, el 15 de julio, públicamente me señaló con acusaciones y dichos, sin prueba alguna, pasando por encima de la más fundamental presunción de inocencia y violación al debido proceso.
“Y es que hacerlo así está de moda. Como lo hacen ahora acusando periodistas y empresarios, sin pruebas; aquí el gobernador eligió formalizar su industria de la difamación, usando su posición como jefe del Ejecutivo para calumniar y estigmatizar sin pruebas ni evidencias a quienes personalmente odia o le parecemos incómodos”.
Agregó que el Ejecutivo está buscando cómo “construir” delitos en su contra, al revisar sus compras, sus tarjetas, sus gastos, en los viajes que realiza, los documentos y demás actividades que realiza la alcaldesa.
“Y digo esto porque yo sí tengo las pruebas de esta persecución personal y política, a la que parece que le dedican más recursos y entusiasmo que al problema del Covid, la seguridad o la economía de los chihuahuenses, esas no son sus prioridades”.
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