El cierre del primer semestre de 2020, el Gobierno de México redujo su gasto para educación y seguridad pública y protección ciudadana por más de 8.19 mil millones de pesos.
De acuerdo con el reporte semestral del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), Educación sufrió una reducción de 5.34 mil millones de pesos en su gasto, mientras que Seguridad Pública ejerció 2.84 mil millones de pesos menos de su presupuesto programado. Esto representó para ambas dependencias públicas subejercicios en sus partidas de 1.4 y 4.3 por ciento, respectivamente.
Así mismo, entidades no sectorizadas observaron un decremento en sus gastos por más de dos mil millones de pesos, lo cual afecta directamente en la operación de organismos como las Comisiones Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), así como a la agencia de noticias Notimex, el Sistema Público de Radiodifusión, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).
El pasado 23 de abril, el Ejecutivo decretó la reducción en el gasto para pagar los consumibles de oficina y los servicios hasta en 75 por ciento, así como la cancelación de 10 subsecretarías.
Mariana Campos, de México Evalúa, señaló que el Gobierno federal tampoco está cumpliendo con sus metas de ingresos presupuestadas, por lo que “al estar controlando el déficit y la disciplina fiscal no le queda más que hacer recortes. Lamentablemente son secretarías muy importantes y a las que golpea más este recorte”. En este sentido, apuntó que el Ejecutivo es consistente con sus objetivos y metas; aunque sostuvo que el Presidente debió analizar, discutir y modificar el presupuesto de la nación de la mano del Congreso.
“Necesitamos que nos digan qué metas se van a comprometer, qué programas se van a afectar, cuáles son las consecuencias, qué hará el Estado para restablecer los derechos que pudiesen ser afectados”, refirió.
Por su parte, Clara Jusidman, presidenta del Centro Tepoztlán, alertó del impacto que puedan tener “estas medidas de austeridad tan drásticas en las que nos ha metido el gobierno”, pues aseveró que reducir el porcentaje de gastos operativos “es una barbaridad”, al ser “una mayor destrucción de las capacidades del Estado para prestar servicios a la población”.
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