El exmagistrado Jorge Abraham R.A., al ser presentado ante un juez de Control, le formuló cargos por el delito de enriquecimiento ilícito, toda vez que en la investigación de la Fiscalía General del Estado encontraron elementos suficientes para evidenciar que no podría justificar 10 millones 491 mil 653 pesos de su declaración patrimonial, lo cual fue detectado por la Contraloría del Poder Judicial del Estado durante el año 2016.
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En la investigación en la que aportó evidencia la Comisión Nacional Bancaria (CNB), encontraron varios depósitos que acumulaban 2 millones de pesos que entregaba de forma personal en ventanillas bancarias, lo cual despertó la alerta de las instituciones que colaboran en la creación de la carpeta.
Dentro de los datos aportados por el ministerio público, el exmagistrado que han vinculado con el exgobernador César Horacio D.J., durante 2010 al 2018 tuvo ingresos de 14 millones 320 mil pesos, que aunado al ingreso de su esposa, quien también trabaja en el Poder Judicial, acumularon 18 millones 261 mil pesos, pero en la declaración patrimonial presentó 28 millones 753 mil 101 pesos, es decir presentó 10 millones 491 mil pesos más que no pudo justificar su legal procedencia.
Tanto Jorge R.A. como su esposa tuvieron movimientos mayores a lo que reciben como funcionarios del Poder Judicial, pues en el informe de la Comisión Nacional Bancaria se detectó que del 2010 al 2018 el entonces magistrado recibió casi 20 millones de pesos, cuando su ingreso máximo en el tribunal está contemplado por 14 millones 230 mil pesos, es decir hubo alrededor de 3 millones injustificables.
En el mismo informe, Cinthia Solís, en sus cuentas bancarias que fueron analizadas por el mismo organismo financiero como por parte de los elementos de la Fiscalía General del Estado, detectaron depósitos del mismo periodo (2010-2018) por 5 millones 079 mil pesos, cuando en ese periodo debió haber recibido alrededor de 3.9 millones de pesos, teniendo una variación de poco más de un millón de pesos que no pudo justificar, sólo en concepto de depósitos bancarios.
Fue la propia Contraloría del Poder Judicial de Chihuahua la que denunció penalmente al exmagistrado, por encontrar inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales y falsear un crédito de dos millones para justificar ingresos presuntamente lícitos, por lo se solicitó una investigación para determinar el origen del recurso, el cual hasta el momento no ha podido ser justificado.
En el informe interno que mantiene la Fiscalía General del Estado, en el seguimiento de esos dos millones de pesos, el acusado explicó que los 2 millones de pesos eran un préstamo del Grupo Almeida, sin embargo, al acudir a las instalaciones, la institución negó haber entregado este recurso y se estableció como una mentira de parte del imputado.
La denuncia inició desde el año 2016 y luego de varios años, informes, solicitudes de corridas ante órganos financieros, la Fiscalía General del Estado, por lo cual los ministerios públicos explicaron que había bases necesarias para presumir la comisión de un delito, el cual es calificado como enriquecimiento Ilícito de un servidor público, que es catalogado como un delito de corrupción por el Código Penal y la Constitución del Estado, sancionado con pena de prisión.
Es de mencionar que cuando Jorge R.A. era magistrado tenía un sueldo de entre los 150 mil pesos, según lo estipulado en el Tribunal Superior de Justicia, es decir alrededor de 2 millones de pesos al año, sin embargo, había años donde recibió hasta 4 millones de pesos en 12 meses, lo que fue detectado por la Contraloría, que recibió la declaración e ingresos de los funcionarios de primer nivel.
El detenido en repetidas ocasiones fue señalado por ser un ex colaborador cercano al exgobernador César Horacio, incluso ha sido destituido de su cargo en algunas ocasiones y en el año 2018 lo señalaron en otra investigación por falsificar documentación.
A finales del 2017 e inicios del 2018, la Fiscalía General del Estado ya investigaba al entonces magistrado Ramírez por el presunto delito de peculado, al igual que otro compañero de este mismo órgano, quienes finalmente permanecieron en sus cargos a fin de seguir velando por la procuración de justicia sin atender sus acusaciones penales.
En marzo del 2020 Jorge fue detenido por elementos de la Comisión Estatal de Seguridad, cuando se encontraba en un centro comercial, sin embargo, al paso de las horas quedó en libertad cuando consiguió un amparo de un juez federal, que le regresó el nombramiento como magistrado y a la vez obtuvo su fuero constitucional, por lo cual no podía ser detenido.
Tras una impugnación le revocaron nuevamente su nombramiento y a partir del 21 de octubre lo consideraron como prófugo de la justicia, hasta el 18 de diciembre que lo ubicaron en la Ciudad de México, donde pretendía escapar del país, pero tras una intervención de inteligencia lograron capturarlo.
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