La Fiscalía de Derechos Humanos, en coadyuvancia con organizaciones de la sociedad civil representantes de la víctima, obtuvo sentencia condenatoria en contra de los dos implicados en la desaparición y posterior muerte del reconocido integrante del Colectivo de Familias Desplazadas de la Sierra Tarahumara, Cruz Soto Caraveo.
Mediante un procedimiento abreviado, los acusados Samuel Alejandro B. G. y Paulino M. R. reconocieron su responsabilidad penal por planear la privación de la libertad del activista y mantenerlo oculto por varios días para posteriormente privarlo de la vida.
Las investigaciones realizadas, señalan que Paulino M. R. se valió de su cargo como Director de Seguridad Pública Municipal para ordenar a sus subordinados, la búsqueda del activista y entregarlo para su retención y muerte a otras personas, entre ellas Samuel Alejandro B. G.
Cruz Soto Caraveo, fue privado de su libertad el 13 de octubre de 2019 cuando circulaba por una brecha que conduce de la localidad de Témoris a la Los Llanos, y su cuerpo fue localizado siete días después del hecho en la brecha de Témoris a Bahuichivo.
La sentencia emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento, contempla una pena de 12 años 6 meses de prisión para cada uno de los involucrados, una sanción económica por 627 mil 850 pesos que se deberá cubrir de forma conjunta con el Municipio de Guazaparez, y el pago de la reparación del daño moral ocasionado a la víctima y su familia.
Además, en un hecho sin precedentes a nivel nacional en materia de delitos de Desaparición de Personas, la resolución emitida por el Tribunal contempla una perspectiva integral en materia de reparación del daño, por lo que se declaró la responsabilidad conjunta del Municipio de Guazaparez y se establece que deberá brindar una disculpa pública por los hechos violatorios de Derechos Humanos cometidos por el ex Director de la Policía Municipal, así como tomar acciones pertinentes en materia de capacitación como garantía de no repetición.
Las investigaciones que sustentaron la condena fueron realizadas conforme a los estándares internacionales en materia de desaparición forzada de personas, con un enfoque diferenciado y de manera priorizada, a cargo de un equipo especializado y multidisciplinario compuesto por Fiscales, Policías de Investigación, Analistas de Contexto y Peritos.
La Físcalía de Derechos Humanos, manifiesta su solidaridad y compromiso con todas aquellas comunidades vulnerables, en brindar seguridad jurídica y acceso a la justicia, pero sobre combatir la impunidad de los hechos delictivos que representen violaciones graves a los derechos humanos.
