Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, a pesar de que existan más de 3,600 tratados relativos a recursos internacionales del agua, se estima que para 2025 el tema haya causado conflictos en aproximadamente 300 zonas del mundo.
En el plano internacional, ya hemos visto disputas como la de Bolivia y Chile por las aguas del Silala. Sin embargo, la llamada guerra del agua a la que nos enfrentamos hoy los chihuahuenses no tiene que ver con discordancias entre naciones. Si bien es cierto que el tratado del 44 es un acuerdo binacional, entre México y Estados Unidos, en este momento es más un problema de gobernanza que tiene que ver con un mal manejo del agua dentro de nuestro propio país.
No se trata de incumplir un tratado que hemos respetado por 75 años. Se trata de evitar factores como la falta de transparencia en los datos de lo que se entrega y a dónde se entrega, y la imposición por parte de la federación de disponer del recurso de manera anticipada al vencimiento del tratado.
Con transparencia me referiero a acciones que van desde desmentir aseveraciones como que el agua de las presas es de la nación, cuando según la constitución son concesionadas; el hecho de que el propio tratado “… no lo obliga a hacer extracciones de las presas de almacenamiento construidas sobre los afluentes mexicanos, para completar el volumen mínimo anual garantizado a los Estados Unidos” (Tratado sobre Aguas Internacionales, 1944); hasta llevar a cabo auditorías y procesos claros de revisión y rendición de cuentas, como los que conforman cualquier otra institución pública o privada.
El factor de trasparencia permitiría conocer la precisión de la medición, con datos comprobables. Lo que evitaría acusaciones como el hecho de que se utilice el recurso para otros estados suscitados a raíz de que, en este momento, de los dos organismos (la Conagua y el CILA) que manejan el recurso hídrico en el país ninguno ha presentado datos coincidentes.
En cuanto a la imposición, a estados como Chihuahua y Coahuila, quienes además son los de menor régimen de lluvias, se les ha adjudicado mayor responsabilidad en la aportación a este tratado en comparación con otros estados como Nuevo León y Tamaulipas.
Dicha imposición afecta a medida que se suman otros factores como la desproporción del presupuesto público asignado (inversión), por parte de la federación, para infraestructura hidroagrícola. Obligándonos a seguir utilizando métodos poco eficientes, que imposibilitan sacar el máximo provecho de este recurso; además de contar con pocas presas que, como en el caso de La Boquilla, fue construida por inversión privada extranjera.
La conveniencia del tratado para México queda en duda al momento en el que la entrega del recurso es a disposición, no a disponibilidad. Lo que genera deuda al momento en el que no se tiene suficiente agua. Poniendo en riesgo al sector primario de Chihuahua que es una importante cadena de valor con ingresos de cerca de 17 mil millones de pesos, según datos de Desarrollo Económico. Y la falta de transparencia e imposición de entregar agua, tan sólo en este momento, pone en riesgo más de 80 mil hectáreas de producción. Impactando de manera negativa la economía familiar por el aumento de precios en productos básicos, disminución del empleo, devaluación y cierre de negocios.
Como lo he dicho antes, no se trata de colores o partidos, se trata de lo que es bueno para nuestros estados, que termina siendo bueno para México y, como mexicanos, deberíamos todos defender lo nuestro.
