/ viernes 22 de marzo de 2019

La política y la ética

El ejercicio del poder supone relaciones entre poderosos y quienes dependen de sus decisiones. En estas relaciones se encuentra la justificación de la ética en el campo de la política, aunque aparentemente la distancia entre ellas se vuelve algo sistemático en la práctica cotidiana.

Las acciones de poder en el marco de una democracia son dignas de análisis ético por el hecho mismo de vincular a los responsables de gobernar con los integrantes de la sociedad a los que hay que gobernar.

En el marco de una democracia, las relaciones de poder determinan conductas tanto de gobernantes como de gobernados, porque es la voluntad de ambos lo que permite o impide lo indeseable: abusos, engaños, autoritarismo, etcétera.

La responsabilidad política es ambas partes de la relación, gobernantes y gobernados. Cualquier crisis de la democracia es responsabilidad bipartita: de quienes someten y de quienes se someten. Por mero principio de conciencia, es imposible evadir dicha responsabilidad.

El análisis ético debería aplicarse a los agentes del gobierno como a los sujetos gobernados, en tanto que la política es asunto de las dos partes. Los juicios y valoraciones éticos de nuestra vida política tienen que hacerse sobre la conducta de empoderados y de empoderadores (que en una democracia son los ciudadanos responsables de mantenerla).

La ciudadanía cumple un papel determinante tanto en la construcción como en el mantenimiento de la democracia y no debe abandonar esta responsabilidad. El descuido de esta responsabilidad incrementa el riesgo del ejercicio autoritario, impositivo, de quienes gobiernan. La omisión ciudadana cuenta, y mucho.

Por lo anterior, la política, en el marco de una democracia, exige la ética ciudadana y no sólo la ética del gobernante. Conjuntadas, ambas éticas conforman la ética de la política, la cual es una revisión de la moral que se pone en juego durante la relación de poder.

Más allá del marco legal que orienta la vida pública organizada, la ética del gobernante y la ética del gobernado dependen de una conciencia sobre el deber de cada uno para una deseable organización social que garantice libertades sin sacrificar obligaciones.


El ejercicio del poder supone relaciones entre poderosos y quienes dependen de sus decisiones. En estas relaciones se encuentra la justificación de la ética en el campo de la política, aunque aparentemente la distancia entre ellas se vuelve algo sistemático en la práctica cotidiana.

Las acciones de poder en el marco de una democracia son dignas de análisis ético por el hecho mismo de vincular a los responsables de gobernar con los integrantes de la sociedad a los que hay que gobernar.

En el marco de una democracia, las relaciones de poder determinan conductas tanto de gobernantes como de gobernados, porque es la voluntad de ambos lo que permite o impide lo indeseable: abusos, engaños, autoritarismo, etcétera.

La responsabilidad política es ambas partes de la relación, gobernantes y gobernados. Cualquier crisis de la democracia es responsabilidad bipartita: de quienes someten y de quienes se someten. Por mero principio de conciencia, es imposible evadir dicha responsabilidad.

El análisis ético debería aplicarse a los agentes del gobierno como a los sujetos gobernados, en tanto que la política es asunto de las dos partes. Los juicios y valoraciones éticos de nuestra vida política tienen que hacerse sobre la conducta de empoderados y de empoderadores (que en una democracia son los ciudadanos responsables de mantenerla).

La ciudadanía cumple un papel determinante tanto en la construcción como en el mantenimiento de la democracia y no debe abandonar esta responsabilidad. El descuido de esta responsabilidad incrementa el riesgo del ejercicio autoritario, impositivo, de quienes gobiernan. La omisión ciudadana cuenta, y mucho.

Por lo anterior, la política, en el marco de una democracia, exige la ética ciudadana y no sólo la ética del gobernante. Conjuntadas, ambas éticas conforman la ética de la política, la cual es una revisión de la moral que se pone en juego durante la relación de poder.

Más allá del marco legal que orienta la vida pública organizada, la ética del gobernante y la ética del gobernado dependen de una conciencia sobre el deber de cada uno para una deseable organización social que garantice libertades sin sacrificar obligaciones.


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