CD. JUÁREZ.- Queda definido el monto de los recursos que serán destinados por el Gobierno Federal y el Estado para la integración del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), que este año asciende a los 368 millones 746 mil 648 pesos con 27 centavos.
El Convenio de Coordinación se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF). De acuerdo con el documento, el Gobierno del Estado va a recibir del Gobierno Federal 277 millones 253 mil 119 pesos, que serán entregados en varias partidas durante este año.
Mientras que el Gobierno Estatal está obligado a aportar el 33% del total de los recursos, equivalentes a 91 millones 493 mil 529 pesos con 27 centavos, para sumar en conjunto la cantidad señalada al principio.
El acuerdo publicado en el DOF establece una serie de candados para que el recurso sea aplicado exclusivamente al aspecto seguridad, sin poder transferir a otras cuentas que no permitan identificar su aplicación, además de destino y rendimientos.
De conformidad con el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el Gobierno del Estado está obligado a reintegrar a la Tesorería de la Federación, a más tardar el 15 de enero de 2021, los recursos del FASP con los rendimientos financieros generados que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2020 no hayan sido devengados por sus entes públicos o no estén comprometidos en los términos previstos legalmente.
Además el convenio establece la obligación de los remanentes de ser retornados a más tardar en los 15 días naturales siguientes al vencimiento del plazo señalado, además de rendir un informe trimestral con un estado de cuenta que compruebe la forma en la que se ha ejercido el recurso.
El dinero será aplicado a la compra de uniformes, vehículos y otros implementos requeridos por las corporaciones policíacas.
También, según la misma información, debe ser aplicado al desarrollo, profesionalización y certificación policial, así como a la adquisición de tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial, implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios y otras acciones que permitan el fortalecimiento de las capacidades para la prevención.
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