Debido a que el 99% de los casos de extorsión no se denuncian, se estima que tan solo en 2019 se registraron aproximadamente 90 mil 407 víctimas de este delito en todo el país, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Ignacio Manjarrez Ayub, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló que la extorsión le implicó a mexicanas y mexicanos, una pérdida económica de 26 mil millones de pesos, que equivale al 1.1% del PIB (Producto Interno Bruto).
Ante ello, la Coparmex ha propuesto desarrollar campañas para alentar la denuncia, ya que solo un 1% llega a registrarse ante las autoridades correspondientes.
Una estrategia es la promoción de talleres de capacitación al interior de la cámara, y al exterior con las familias de su plantilla laboral y personas propietarias de las empresas afiliadas, con el objetivo de que puedan identificar el delito.
Otra herramienta será el uso de la App 089 para la denuncia anónima, por medio de dispositivos móviles, aunque en la versión beta, que se creó en 2015 por el SESNSP, y durante varios años estuvo fuera de uso, hasta que fue reactivada en 2021.
“Se puede descargar gratuitamente, y funciona en las 32 entidades, de manera paralela al 9-1-1, con una base de datos de 126 mil números registrados por el Secretariado, que han sido identificados como números desde los que se hacen extorsiones, y al momento que recibes una llamada de este tipo, el identificador te lo advierte”, explicó el empresario chihuahuense.
Detalló que mediante la aplicación, la persona también puede solicitar apoyo psicológico, de parte de profesionistas en psicología para apoyar a las víctimas, y orientarlas en cómo deben proceder.
“Al ser anónima, permite a la ciudadanía que puedan compartir con más tranquilidad, detalles sobre cómo ocurrieron los hechos, qué montos o qué se les pidió”, dijo.
Manjarrez Ayub resaltó la necesidad de crear una Ley General de Extorsión, ya que actualmente cada entidad tiene una legislación propia, que dirime con la del resto de los estados, y provoca que las y los agente del Ministerio Público (MP) no sepan configurar el delito ni integrar la carpeta de investigación.
“Le pedimos a las dos cámaras del Congreso de la Unión que definan una Ley General para establecer un piso parejo, y que tengan una homologación, y así se pueda dar una persecución a toda la gente que se dedica a delinquir”, declaró.
Esto también impactará en la correcta capacitación de las y los MP, al poderles brindar una preparación específica.
“Tenemos el conocimiento por parte de las empresas de Coparmex, de que cuando van a denunciar una extorsión encuentran que los ministerios públicos no saben cómo ponerlas, si como fraude o extorsión, ni cómo integrar la carpeta para consignar a alguien”, comentó.
