/ viernes 1 de mayo de 2020

Advierte UIF sobre delitos cibernéticos en compras por internet

El titular de la UIF, Santiago Nieto, comentó que los fraudes financieros se multiplican en productos, servicios e incluso en inversiones de determinadas empresas

A partir del confinamiento, aumentó la adquisición de bienes vía internet y redes sociales. Y estas redes son un riesgo en materia de pornografía infantil. “Se ha visto un incremento en este tipo de actividad en varios espacios. Y por otro lado, los fraudes financieros se multiplicaron en productos, servicios e incluso en inversiones”.

Así lo manifestó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, al participar en la inauguración del Foro Parlamentario virtual: Ley General de Identidad y Ciudadanía Digital, que organizó la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados.

Advirtió sobre los riesgos que esto implica y los delitos cibernéticos, ciberataques, robo de identidad y el riesgo financiero.

A los legisladores de la Comisión de Gobernación, les señaló que son de dos tipos: uno contextual relacionado con el problema de la pandemia y tiene que ver con el uso de redes sociales e internet en estos momentos confinamiento global. Y los estructurales relacionados con la acción financiera internacional.

Refirió que el Grupo Intergubernamental de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha emitido 40 recomendaciones a gobiernos y particulares a efecto de que se puedan atender los compromisos internacionales de intervención de las acciones de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo.

Les planteó hacer una distinción entre los riesgos contextuales y los estructurales y a partir de ahí ver qué tipos de normas tendrían que estructurarse con la identidad y ciudadanía digital.

“De entrada, ya es importante vincular los temas de prevención de lavado de dinero ante la identidad digital en virtud de generar los mejores mecanismos para que la información, con la que se genera la identidad digital, sea correcta en temas que hemos visto a la largo y ancho del país”.

Destacó que la iniciativa plantea que se construirá a partir de la CURP, el acta de nacimiento e información biométrica. Comentó que hay que tener mucho cuidado.

Refirió un caso que vivió, de una presidenta municipal, en Chiapas, cuyo esposo era juez del Registro Civil y se dedicaron a traer a centroamericanos, a quienes les daban un acta de nacimiento extemporánea, una constancia de residencia, que expedía el secretario del Ayuntamiento y, con eso, sacaban su credencial de elector.

Esa alcaldesa, dijo se le siguió proceso legal. “Esta persona fue detenida e internada en un Centro de Readaptación Social”.

Con esto, llamó la atención de cómo existen vulnerabilidades en los documentos base para la identidad digital. “Se requieren mecanismos que garanticen que la Curp, el acta de nacimiento y la información biométrica vayan sin alteraciones”.

Los riesgos contextuales actuales en la pandemia, a partir del confinamiento aumentaron el uso, la adquisición vía internet y redes sociales. “Estas redes son un riesgo en materia de pornografía infantil. Se ha visto un incremento en este tipo de actividad en varios espacios”.

También los fraudes financieros se multiplican en productos, servicios e incluso en inversiones en determinadas empresas. “Tenemos delitos cibernéticos en donde hay el tema de ciber ataques, de fishing y robo de identidad y obviamente el riesgo en el sector financiero. Son riesgos que tienen que ver con el momento que vivimos”.

Del robo de identidad, comentó que es algo que existe en materia documental y digital.

Consideró Nieto Castillo, que el derecho a la identidad digital es un derecho humano de cuarta generación. Es un tema fundamental para privilegiar derechos de naturaleza instrumental.

Y de la iniciativa en cuestión, que privilegia el derecho a la identidad digital, señaló que es fundamental que se de esta discusión en el país. Puede generar eficiencia, ahorro para el desarrollo económico, pero habría que considerar los riesgos.

A partir del confinamiento, aumentó la adquisición de bienes vía internet y redes sociales. Y estas redes son un riesgo en materia de pornografía infantil. “Se ha visto un incremento en este tipo de actividad en varios espacios. Y por otro lado, los fraudes financieros se multiplicaron en productos, servicios e incluso en inversiones”.

Así lo manifestó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, al participar en la inauguración del Foro Parlamentario virtual: Ley General de Identidad y Ciudadanía Digital, que organizó la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados.

Advirtió sobre los riesgos que esto implica y los delitos cibernéticos, ciberataques, robo de identidad y el riesgo financiero.

A los legisladores de la Comisión de Gobernación, les señaló que son de dos tipos: uno contextual relacionado con el problema de la pandemia y tiene que ver con el uso de redes sociales e internet en estos momentos confinamiento global. Y los estructurales relacionados con la acción financiera internacional.

Refirió que el Grupo Intergubernamental de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha emitido 40 recomendaciones a gobiernos y particulares a efecto de que se puedan atender los compromisos internacionales de intervención de las acciones de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo.

Les planteó hacer una distinción entre los riesgos contextuales y los estructurales y a partir de ahí ver qué tipos de normas tendrían que estructurarse con la identidad y ciudadanía digital.

“De entrada, ya es importante vincular los temas de prevención de lavado de dinero ante la identidad digital en virtud de generar los mejores mecanismos para que la información, con la que se genera la identidad digital, sea correcta en temas que hemos visto a la largo y ancho del país”.

Destacó que la iniciativa plantea que se construirá a partir de la CURP, el acta de nacimiento e información biométrica. Comentó que hay que tener mucho cuidado.

Refirió un caso que vivió, de una presidenta municipal, en Chiapas, cuyo esposo era juez del Registro Civil y se dedicaron a traer a centroamericanos, a quienes les daban un acta de nacimiento extemporánea, una constancia de residencia, que expedía el secretario del Ayuntamiento y, con eso, sacaban su credencial de elector.

Esa alcaldesa, dijo se le siguió proceso legal. “Esta persona fue detenida e internada en un Centro de Readaptación Social”.

Con esto, llamó la atención de cómo existen vulnerabilidades en los documentos base para la identidad digital. “Se requieren mecanismos que garanticen que la Curp, el acta de nacimiento y la información biométrica vayan sin alteraciones”.

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