Previo a la visita del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, un grupo de unas 20 personas que fueron presuntamente defraudadas por la empresa Aras Investment Business Group tomaron las instalaciones de la Fiscalía General de la República, para exigir que investiguen y sancionen a los responsables de afectar a cientos de personas en Chihuahua.
Los afectados que acudieron a estas instalaciones consideran que los tres niveles de gobierno no han hecho nada para resolver estos casos de fraude, pues a pesar de que incluso existan adultos mayores que se quedaron sin nada, a la fecha no existe un solo responsable que dé la cara por estas personas.
Luis Valbuena, quien habló a nombre de los inconformes, dijo que a la fecha tiene conocimiento de por lo menos 100 denuncias ante la FGR en contra de la empresa por el delito de fraude por actos jurídicos simulados, pero que a la fecha nadie les ha informado o explicado algún avance del proceso.
Los inconformes aseguraron que hoy intentarán dialogar con el presidente de la república en la V Zona Militar, donde ofrecerá la conferencia que cotidianamente da a los medios de comunicación a nivel nacional.
La manifestación se llevó a cabo en la subdelegación ubicada en la avenida Universidad, donde varios inconformes con la empresa Aras portaron lonas y estuvieron cerrando un carril de esta avenida para presionar a las autoridades para acelerar las investigaciones.
Luis Valbuena, quien es uno de los afectados por esta empresa, señaló que existen decenas de casos más, que algunos incluso dejaron millones de pesos o propiedades para buscar algún rendimiento, y dejaron a varias familias sin sus ahorros y sin propiedades.
La empresa Aras ha reconocido estar en una crisis financiera que inició a inicios de septiembre, por lo cual comenzó a aplazar los pagos de los intereses de los inversores y a partir del mes de noviembre dejó de entregar el reembolso del capital, siendo en ese mes cuando iniciaron las denuncias formales en contra de la empresa.
Al momento, dentro del último corte de las autoridades en el estado, existen cerca de 900 denuncias en contra de la empresa ante la Fiscalía General del Estado, 100 más en la Fiscalía General de la República, 300 demandas civiles en el Tribunal Superior de Justicia y por lo menos han asegurado a la empresa 71 bienes inmuebles y decomisado 1.5 millones de pesos.