El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena dentro del Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, comentó que, si se entra a fondo respecto al amparo que validó una juez federal y con el cual se establece una nueva suspensión de la distribución de los libros de texto gratuitos, eso no impide que se entreguen los que ya se tienen en la entidad.
Explicó que las dos únicas autoridades responsables en ese juicio de amparo son la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional de Libros de Texto, pero la que tiene la mayoría de los tomos en sus manos es la Secretaría de Educación y Deporte del Estado, la cual no está limitada para repartir los libros.
➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp
“Ni siquiera está señalada como autoridad responsable; es decir puede distribuirlos”; empero, en donde sí se tiene afectación es respecto a los libros que aún tiene la SEP, de los cuales comentó que la mayoría corresponden a los dirigidos para las secundarias, porque esos sí están todavía en manos de la Secretaría federal.
Dijo ser respetuoso a lo establecido en la ley respecto a que toda persona que sienta vulnerado algún derecho tiene la posibilidad de generar una demanda de amparo; empero, insistió en que el actuar de la juez respecto a la medida cautelar que determinó, hubo varias inconsistencias, pues no hubo cumplimiento al principio de relatividad.
Y es que especificó que las medidas cautelares implementadas deben ser aplicadas y beneficiar únicamente a quien lo promueve, incluso puso de ejemplo lo ocurrido con los amparos en contra del aumento de la tarifa del transporte, medida que únicamente aplicó al quejoso y no a la ciudadanía en general.
De tal manera, reprochó que, en este caso en particular, la juez de distrito haya decidido generalizar la aplicación de las medidas cautelares afectando de esa manera a miles de estudiantes de toda la entidad, “hay un manejo discrecional de alguna parte del poder judicial, lo hemos dicho siempre, es un manejo político”.
Consideró como una “aberración” el que una juez tome una decisión de esa naturaleza cuando los libros ya se están entregando en la entidad, además de que se tenían más fundamentos para solo concederle la suspensión al quejoso.
Respecto a las 100 mil firmas que se recabaron por parte de los padres de familia que se han manifestado en favor de los nuevos libros de texto, dijo, ayudarán a ponderar a que la juez no tome una decisión generalizada cuando se desarrolle la audiencia y de esa manera no se sigan vulnerando los derechos de los estudiantes.