El abogado defensor de Octavio L. G., informó que la madrugada de ayer se ejecutó otra orden de aprehensión contra su defendido, misma que fue librada por la Fiscalía General del Estado en el 2020.
Héctor Villasana, abogado defensor del exfuncionario, indicó que no se tienen mayores datos sobre la carpeta de investigación e indicó que el día de ayer en la madrugada, cuando se iba a dar cumplimiento a la resolución de la jueza de ponerlo en libertad para que siguiera su proceso de investigación fuera del penal.
Se indicó que solo se tiene conocimiento de que el delito que se le imputa es peculado agravado, con la causa 3035/2020: “lo que procede es que lo pongan a disposición del juez de control y le hagan de nueva cuenta una audiencia de formulación de cargos y la solicitud o no de vinculación a proceso”, comentó el defensor.
Agregó que la audiencia de formulación de cargos deberá ser este mismo día, toda vez que la orden de aprehensión se ejecutó durante la madrugada; “estamos a espera de que el tribunal nos confirme la hora, podría ser al mediodía”, agregó Héctor Villasana.
Dicha orden de aprehensión fue liberada, igual que la anterior, el 18 de diciembre del 2020, no se habían ejecutado por cuestiones desconocidas para la defensa, pero, indicó el legista, ahora se están complementando estas órdenes de aprehensión.
“No tenemos más datos sobre si hay más investigaciones, de ser así, ojalá que la FGE exponga todas las investigaciones que tenga”, expresó el entrevistado.
Hay que recordar que el extitular de la Secretaría de Desarrollo Rural de la administración estatal 2010-2016, Octavio L.G., fue aprehendido el viernes pasado en Ciudad Juárez y fue trasladado para esta capital, a fin de ponerlo a disposición de una jueza de control, para que se le formularan los cargos que se le atribuyen.
La audiencia de formulación de cargos se prolongó durante todo el fin de semana, mientras que ayer jueves se desarrolló la audiencia de vinculación a proceso, en la que la jueza encargada del caso determinó que el imputado podría seguir el proceso, de 4 meses, bajo la figura de libertad condicional, y que tendría que acudir cada 15 días a firmar a la Fiscalía, así como se le retiraría su pasaporte para evitar que salga del país.
