La diputada Marisela Terrazas presentó un posicionamiento en representación del Grupo Parlamentario del PAN, en el que señala el mal manejo del recurso destinado al Presupuesto de Egresos para el año fiscal 2023.
Agregó que “Los Diputados del Congreso de la Unión iniciaron la discusión en el Pleno para la aprobación del Presupuesto de Egresos para el año fiscal 2023, mismo que privilegia el interés del Ejecutivo Federal y no así a las necesidades de la población”.
En contraste al aumento de los recursos a las personas adultas mayores, el gobierno de la 4T ha estancado o destinado menos recursos a programas sociales para la infancia, la juventud o temas de educación.
Es importante analizar el llamado “Censo del Bienestar” que es la base de la construcción de la política social del presidente López Obrador para identificar a los posibles beneficiarios de los programas sociales del gobierno. Desde un inicio este Censo es un vil acto de corrupción.
Aseguró que las cifras no cuadran, pues el gobierno afirma que son más de 30 millones de mexicanos los beneficiarios y que se alcanza a un 50% de los hogares; sin embargo, la Encuesta Nacional de Empleo refleja que los datos reales de esta ayuda social sólo alcanza a 4 millones de hogares mexicanos y entre 15 y 20 millones de personas.
El presidente habla de que se ayuda a 9 de cada 10 pobres en el país, pero para 2021 apenas el 35% de esta población recibía recursos de programas sociales. Lo anterior sin mencionar las inconsistencias y falta de transparencia que existe entre el Padrón Único de Beneficiarios, la población que se encuentra en situación de pobreza y quienes efectivamente reciben los recursos, lo que pone en duda la utilidad y fiabilidad real del “Censo de Bienestar”.
Así mismo, dijo, el Gobierno Federal simula su interés prioritario por los pobres, pero en el programa de becas para adultos mayores, el incremento en transferencias para el decil más rico fue de 457% entre 2018 y 2020. Para el decil más pobre, el incremento fue de apenas 17%, en el mismo periodo.
“Es un error garrafal que el gobierno federal concentre toda la política pública de inclusión en las transferencias de dinero. Tal parece como si quisiera asegurar ´caerles bien´ a determinados sectores de población del país. Si en verdad el objetivo fuera el desarrollo social de la población lo correcto sería que tales apoyos fueran acompañados de inversión en educación, capacitación para el empleo, entre otras políticas que aporten a la posibilidad de un desarrollo y estabilidad integral”, expresó la diputada juarense.
