La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió el pasado 29 de abril la Recomendación No. 96/2022 sobre el caso de desplazamiento forzado de 120 personas originarias de las comunidades de El Manzano y Monterde, ubicadas en los municipios de Uruachi y Guazapares en el estado de Chihuahua; sin embargo, aunque las autoridades estatales tenían un periodo de 15 días para aceptar dicha recomendación y comenzar los trabajos que el documento les señala, al momento las comunidades no han visto nada concretado.
La directora de Consultoría Técnica Comunitaria AC, organización civil que da acompañamiento y asesoría legal a las familias afectadas, informó que efectivamente se reunieron con el secretario general de Gobierno César Jáuregui Moreno, cuando se publicó el documento de la CNDH y el funcionario se comprometió a aceptar la recomendación y dejó el caso a cargo de la Dirección de Normatividad; sin embargo, hasta la fecha no se ha visto ninguna acción por parte de las autoridades estatales.
Se trata de tres grupos familiares que huyeron de los lugares mencionados, dos de El Manzano y uno más de Monterde, que se vieron obligados a huir de los lugares donde residían y realizaban actividades agropecuarias y de comercio principalmente, debido a la comisión de diversos hechos delictivos cometidos en contra de miembros de los tres grupos familiares, y ante las amenazas que recibieron de personas armadas para abandonar sus propiedades, en los años 2015 y 2016 los grupos familiares 1 y 2 huyeron de El Manzano; en tanto, el grupo familiar 3 en 2016 se vio obligado a dejar su comunidad de origen en Monterde, todos con la finalidad de salvaguardar su integridad física, e inclusive la vida.
Por lo anterior, la CNDH emitió diversas recomendaciones a la gobernadora Maru Campos para que en un periodo no mayor a 4 meses se levante un censo de las personas víctimas; que se les pague a las víctimas una compensación justa y suficiente; que diseñe un programa de educación para niñas, niños y adolescentes víctimas de desplazamiento forzado; realizar un diagnóstico sobre la violencia y se genere un plan de seguridad para los municipios involucrados; que se diseñe un programa de acceso a la vivienda con subsidios de arrendamiento para las personas desplazadas, y apoyos para el restablecimiento de sus medios de subsistencia, así como que se les reubique de manera segura en sus lugares de origen y, de ser esto imposible, a un lugar donde puedan vivir con las condiciones adecuadas de vivienda, subsistencia y educación.
La recomendación también va dirigida al fiscal General Roberto Javier Fierro Duarte, a quien le piden realizar las diligencias necesarias para dar con los responsables de estos hechos violentos, así como los de abuso de poder perpetrados por agentes del Ministerio Público; de capacitar a agentes de dicha institución en derechos humanos, debida diligencia, derecho de acceso a la justicia y a la debida procuración de justicia; así como participar en la realización de un diagnóstico y las acciones necesarias para disminuir los índices delictivos en esos municipios.
Los presidentes municipales de Uruachi y Guazapares colaborarán con las autoridades estatales para inscribir a las víctimas en un Programa de Atención Integral, así como diseñar programas de acceso a la vivienda para las familias afectadas, generar un diagnóstico sobre la situación de inseguridad que se vive en ambos municipios, entre otras acciones.
Esta historia inicia en 2014, cuando un total de 23 familias abandonaron sus viviendas y propiedades para salir de urgencia de sus comunidades, pues de lo contrario sus vidas estarían en peligro. Según Contec, desde 2015 estas familias han denunciado a diferentes autoridades la violencia que se vive en la zona que ejerce el crimen organizado para la apropiación de tierras, siembra de drogas y tala ilegal.
Incluso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares para cuidar a las familias, ante la situación de gravedad y riesgo de sufrir un daño irreparable: esto, con la Resolución 15/2015, medida cautelar NO. 106-15, titulada Asunto Cruz Sánchez Legarda, y otros de México respecto de México el 27 de abril DE 2015, en donde se reconoce la situación de riesgo grave y urgente que viven desde entonces, así como la inacción por parte de las autoridades estatales y federales de México, e incluso el abuso de poder de autoridades estatales, particularmente del Ministerio Público de Chihuahua.
Estas medidas cautelares se otorgaron en abril de 2015 a favor de las personas integrantes de la comunidad; a pesar de esta resolución internacional las medidas no fueron suficientes para garantizar su protección pues incluso tres personas han sido asesinadas pese a la existencia de las medidas, siendo el último de ellos Cruz Soto Caraveo en octubre de 2019, informó Contec.
“Ante la falta de respuesta adecuada, suficiente y oportuna por parte de las autoridades, en mayo 2021, se promovió una demanda de amparo por las familias Girón, donde se les concedió la suspensión provisional, la cual consiste en garantizar vivienda, alimentos y otras necesidades básicas, además de indicar que se proteja el interés superior de la niñez y bienes en la comunidad de origen. Luego, en junio del mismo año, se promovió la demanda de amparo por las familias Sánchez Lagarda y Soto Contreras, donde se les concedió la suspensión de plano, reconociendo así las graves omisiones a las que se han visto expuestas estas familias”, Contec.
“Exigimos que se les haga justicia, y se les garantice la seguridad en sus localidades para poder regresar a vivir tranquilamente, como sería el deseo de cualquier persona”, manifestó la organización civil a nombre de las familias desplazadas y afectadas.
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