El próximo 20 de abril del 2023, el juez de Control de Distrito Judicial Morelos, Samuel M., será presentado a una audiencia de Responsabilidad Administrativa, esto por haber aceptado que fue sometido a “presiones políticas” para vincular a proceso a Rodrigo de la Rosa, María Ávila y a María Eugenia Campos.
Lo anterior, data de abril de 2021, cuando la Fiscalía General del Estado solicitó una audiencia 2821/2022 en contra de los entonces exdiputados, por presuntamente haber desviado un recurso público, sin embargo, al no obtener los suficientes elementos, decidió vincular a proceso a los tres involucrados, y posteriormente públicamente dio a conocer que fue sometido a presiones e intereses políticos que obedecían a Palacio de Gobierno, es decir cuando Javier Corral era el gobernador del estado.
A raíz de estos hechos, el exdiputado Rodrigo de la Rosa decidió interponer una queja ante el Poder Judicial del Estado, el cual fue identificado como 6/2022 para que se investigara el actuar del juzgador, ya que el mismo había sido quien aceptó que había sido sometido a presiones para resolver algunos asuntos.
Tras haberse recibido la queja en contra del juez, la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado, comenzó la investigación y luego de poco más de un año, definió la fecha para iniciar el proceso formal y aplicar una sanción en contra del juez Samuel Uriel, la cual puede terminar incluso en la destitución del mismo.
“Las faltas graves pudieran llegar a acarrear una inhabilitación temporal o una inhabilitación permanente, puede haber una sanción de índole económico inclusive en la reducción de su salario de su remuneración y pues si llega pudiera acarrearle alguna sanción de índole administrativa leve, pero eso lo definirá ya la unidad jurídica” refirió el exfuncionario Rodrigo de la Rosa.
Dijo que él fue quien interpuso la queja forma, que a pesar de que fueron tres personas las involucradas, fue quien interpuso el recurso a la Unidad de Investigación, y mandaron citar a una a María Ávila y ella se apegó a todo lo que había solicitado el exfuncionario, pero que a la actual gobernadora María Eugenia Campos fue la única que no citaron por razones obvias, pues ya era gobernadora electa.
“Esto va a servir como ejemplo para la actuación en los sucesivo de los jueces creo que el Poder Judicial es un poder independiente que no debería permitirse ser presionado por otro poder y menos socavando los derechos personales y humanos de los imputados, en este caso no, él debe estar apegado a un código de ética, debe estar apegado a los procedimientos que establece la propia norma y no atender otro tipo de instrucciones que vengan a demeritar el trabajo del Poder Judicial”, refirió Rodrigo de la Rosa.
Reiteró que este proceso administrativo, ya que aseguró que se generó un daño de índole personal moral, económica y se genera también un linchamiento de índole social, entonces yo creo que esto servirá de mucho.
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