Durante su gestión como gobernador constitucional del estado de Chihuahua del 2016 al 2021, Javier Corral Jurado utilizó como “estandarte” del mismo la lucha contra la corrupción, delito por el cual actualmente hay un exfuncionario prófugo, uno más detenido y 16 más bajo investigación, los cuales formaron parte de su gabinete.
Tras el anuncio de que Corral Jurado estaba en el noveno lugar de la lista de candidatos a diputados plurinominales por Morena, comenzaron a resurgir algunos de estos casos, donde exfuncionarios están bajo algún proceso penal, en investigación e incluso sustraídos de la justicia.
Fue en mayo de 2023 cuando el fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela, diera a conocer que Arturo Fuentes Vélez, quien fuera el secretario de Hacienda durante la gestión de Javier Corral Jurado, estaba prófugo de la justicia, al no atender los llamados de un juez de Control.
Esto, por una serie de investigaciones que tiene en su contra, por observaciones emitidas por la Auditoría Superior del Estado, al no comprobar una serie de adjudicaciones directas por diversos seguros relacionados con la pandemia del coronavirus, por una cantidad superior a los 90 millones de pesos.
Incluso, en noviembre del 2023, el titular de la Fiscalía Anticorrupción mencionó en rueda de prensa que el exfuncionario estaba escondido en los Estados Unidos, por lo que contaba con ficha roja de la Interpol para su pronta localización.
En el caso del exfuncionario que está bajo la medida cautelar de prisión preventiva, se trata de Antonio Pinedo Cornejo, quien fuera coordinador de Comunicación Social en el gobierno de Corral Jurado.
Pinedo Cornejo fue detenido mediante una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía Anticorrupción en el mes de septiembre de 2023, ya que fue acusado de uso ilegal de atribuciones y facultades con penalidad agravada, por una asignación directa por 9.3 millones de pesos, mediante contratos a la empresa Xtreme Sports, la cual operaba por medio de su pareja sentimental Susana del Pilar Ruiz Licón, y hermana de Araly Cristina Licón, esta última también con intereses en dicha empresa.
Desde septiembre del 2023, Antonio Pinedo Cornejo permanece en prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán, por hechos que datan desde el año 2019, por los cuales era buscado desde abril del año 2021.
Otro de los exfuncionarios con procesos abiertos en su contra es el exsecretario de Salud y subsecretario de Egresos, Eduardo Fernández, por los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades.
Eduardo, quien sigue su proceso penal en libertad, enfrenta una causa penal iniciada por la Fiscalía Anticorrupción desde mayo de 2023, ya que le comprobaron la contratación indebida, con la simulación de otro procedimiento, de un crédito por más de 401 millones de pesos, dicha operación la realizó cuando era titular de la Secretaría de Salud.
Mientras que al extitular del Deporte, Juan Pedro Santarrosa, le fue dictada por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) una inhabilitación por tres meses, en febrero del 2023, por un proceso administrativo en su contra, mismo que este 23 de febrero lo tendrá ante un juez de Control.
Esto, porque en el 2019 creó una empresa de prestación de servicio de nombre “LBE Chihuahua”, misma que contrató la dependencia a su cargo, por una cantidad de un millón 360 mil pesos, por lo que la Auditoría Superior del Estado detectó un posible conflicto de intereses.
Para ello, suscribió dos convenios que en total suman 1.36 mdp, uno de ellos con “LBE Chihuahua, S.A.P.I. de C.V.”, sociedad de la cual el funcionario era el secretario de su Consejo de Administración, y el otro con el C. Tomás Hernández Silos, accionista y presidente del Consejo de Administración de dicha empresa.
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Francisco González Arredondo, exfiscal Anticorrupción en el gobierno de Corral Jurado, fue detenido en noviembre de 2022 acusado del delito de tortura contra varios exfuncionarios del gobierno de César Duarte, investigación que posteriormente fue atraída por la Fiscalía General de la República.
La acusación por tortura psicológica, que habría ejercido tanto él como algunos de los excolaboradores que tuvo a su cargo, lo hizo que fuera presentado ante un juez de Control, quien le dictó la medida cautelar de prisión preventiva.
González Arredondo fue puesto en libertad el 9 de marzo de 2023, cuando la FGR atrajo la investigación y determinó que dicho delito no ameritaba la medida cautelar de prisión preventiva.
