El secretario del Ayuntamiento de Chihuahua, Roberto Fuentes afirmó que la iniciativa presentada por el alcalde Marco Bonilla para reformar el Reglamento de Justicia Cívica, para sancionar a padres, madres o responsables legales de adolescentes que cometan faltas administrativas, es un fortalecer los lazos familiares, bajar la incidencia de este tipo de faltas y tutelar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes.
“Creemos que la medida más efectiva y que puede garantizar la no repetición, es el servicio comunitario; es decir, cuando se pone en un espacio público a un padre, madre o tutor, junto con el menor infractor, a realizar una actividad para resarcir a la sociedad, lo verdaderamente significativo es que se obligan a pasar tiempo juntos en una actividad que tiene por objeto reparar un daño, pero al mismo tiempo, fortalecer el vínculo de padre, madre-hijo”, afirmó Roberto Fuentes.
También hay otro tipo de sanciones como la amonestación pública o privada, e incluso, la multa económica. “Lo que busca la propuesta fundamentalmente es la corresponsabilidad de los padres, que hablen con sus hijos, que pasen tiempo con ellos, que los conozcan y qué mejor que en una situación que lo que se busca es concientizar a menores, como a padres y madres, respecto a las conductas ilícitas”, expresó el secretario del Ayuntamiento de Chihuahua.
Roberto Andrés Fuentes Rascón informó que lo que busca esta política es fortalecer el vínculo entre madres, padres, tutores y menores; disminuir la estadística de los ilícitos y tutelar el interés superior del menor, que todo el procedimiento esté apegado a los más altos estándares de procuración de justicia cívica. Así mismo, dejó claro que el arresto no es una de las medidas de seguridad que se imponen, por una práctica internacional.
“Esta es una política que impulsa el presidente Marco Bonilla, atendiendo una de las insignias de su gobierno, que es hacer políticas públicas con perspectiva de familia, que como centro de la sociedad, la familia es el núcleo que puede fortalecer a los individuos, pero también a las comunidades, desde el centro de la persona humana, que es la familia”, dijo.
Detalló que es una iniciativa que el alcalde Marco Bonilla mandó a elaborar desde septiembre del 2022, a raíz de los informes que él obtenía de los distintos operativos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, de la Secretaría del Ayuntamiento a través de la Sub Dirección de Gobernación, donde se encontró que muchos menores se veían involucrados en situaciones de infracción al Reglamento de Justicia Cívica, y en muchos de estos casos, al hacer un llamado a los padres de familia, nos encontramos con que nunca acudían al llamado de la autoridad, para el desarrollo de las audiencias, es decir, prácticamente, dejaban solos a sus hijos.
“El presidente municipal observó la necesidad de tener herramientas para llamar y hacer llamar a los padres, madres y / o tutores de estos menores infractores, porque si no hay una corresponsabilidad efectiva en la relación de padres e hijos, de nada va a servir que se impongan sanciones que no puedan ser debidamente aplicadas, si no hay la participación de los padres”, acotó.
De esa manera, los tres grandes objetivos que busca es la efectiva corresponsabilidad de los padres, madres y / o tutores. La segunda medida, es que la corresponsabilidad incida en la disminución de este tipo de conductas; y como tercera medida, reforzar el cuidado y atención de las personas menores de edad.
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Para la elaboración de la reforma se tomaron en consideración: La Guía de Implementación del Modelo Homologado de Justicia Cívica en Cultura de la Legalidad para los Municipios de México, elaborado por la Comisión Nacional de Seguridad, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo en México.
De acuerdo con el titular de la Secretaría del Ayuntamiento, la modificación sigue los más altos estándares en práctica, nacionales e internacionales. La estadística del 1 de enero del 2021 a finales de noviembre de 2022, reporta alrededor de 3 mil detenciones de adolescentes de entre 12 y 17 años; de éstas, la gran mayoría son infracciones administrativas: actos de molestia en la vía pública, situaciones de escándalo, ingerir substancias estupefacientes en la vía pública, ingerir bebidas alcohólicas, riñas, discriminación, relaciones íntimas en interior de vehículos en vía pública.
“Obviamente, hay unos que nos preocupan más que otros, pero la gran problemática es que los padres y madres estaban ausentes durante las detenciones, aseguramientos y sobre todo, durante el desarrollo de las audiencias ante el juez cívico. Como las que ponen en riesgo de los adolescentes, como ingerir bebidas en la vía pública, riñas que pueden ser calificadas como falta administrativa, pero también pueden llegar a ser delitos, como lesiones o daños en propiedad ajena”, explicó.
Se considera según la Unesco niño o niña hasta los 11 años; a partir de los 12 hasta los 17, se consideran adolescentes; y de los 18 en adelante, se consideran mayores de edad. “Una de las grandes medidas de coacción de esta reforma son las órdenes de presentación, para que padres, madres y / o tutores, deban incluso hasta con uso de la fuerza pública, estar presentes en el desarrollo de la audiencia. Además, los responsables legales serán susceptibles de compurgar la sanción que se les imponga a los menores.
Las medidas de sanción que se pueden aplicar, por faltas administrativas, lo que procede en caso encontrarse a un presunto menor infractor es su aseguramiento”, manifestó.
Con la reforma, inmediatamente se habla a los padres para que acudan a la audiencia, por el término de dos horas, que puede ser prorrogado durante cuatro horas. Si los padres no asisten, entraran para acompañar al menor durante el desarrollo de la audiencia, personal de la Sub Procuraduría de Defensa de Niñas, niños y Adolescentes; si no se encontrara a alguien, se buscará a alguien de la Defensoría Pública, y si no hay nadie, algún funcionario de la administración municipal fungirá como representante del menor en esta situación.
“Hay todo un esquema que garantiza el respeto a los derechos del menor, pero que también, establece un sistema de sanción para los padres omisos en el cuidado de los menores. Una figura que se incorpora al catálogo de sanciones, es la amonestación, que puede ser pública o privada, y en ambos los padres también tendría que asistir”, finalizó.
