Luego de que la defensa del exgobernador del Estado César Horacio D.J. interpusiera un recurso de amparo para retirar la prisión preventiva por el delito de peculado y asociación delictuosa, un Juez Federal, rechazó otorgar dicho amparo al ex mandatario, por lo cual deberá de permanecer en prisión preventiva por ambos delitos.
Bajo la causa penal identificada como 3041/2019, el ex mandatario fue vinculado a proceso el pasado mes de junio, cuando fue extraditado de los Estados Unidos y cuando fue presentado ante un juez de control por los delitos antes mencionados, ya que la Fiscalía General del Estado, presentó evidencia en donde lo señalan de haber sustraído cerca de 96 millones de pesos.
El abogado Ricardo Reyes Retana, fue quien interpuso el recurso en cuestión, luego de que su cliente fuera vinculado a proceso por decisión de un juez local.
Mismo quien resolvió que había elementos suficientes para que se iniciará el proceso penal en su contra y a la vez que se le dictara una prisión preventiva en lo que continuara el debido proceso.
Al interponer el recurso, hace un par de meses, consideró que no es necesaria la prisión preventiva por un año, toda vez que se debería de tomar en consideración que César Horacio ya se encontraba detenido por casi dos años dentro de una prisión en Florida, en la misma causa penal que generó la extradición.
El juez federal también le negó la protección de la justicia federal (amparo) con base a la prisión preventiva justificada, lo cual fue impugnado por el mismo cuerpo de la defensa, por lo cual será un tribunal colegiado quien deberá revisar la decisión del juez federal para considerar si revoca o si mantiene la resolución en el mismo sentido.
Actualmente el exgobernador se mantiene en prisión al interior del Cereso Número 1 de Aquiles Serdán, ya que a pesar de que se ha trasladado a varios hospitales, por complicaciones a su salud, el pasado sábado, regresó a su celda en el penal de Aquiles Serdán, donde continuará hasta que se logre resolver su situación jurídica.
La Fiscalía General del Estado, demostró ante un juez de control, que existían pruebas suficientes para asumir la participación del ex mandatario en el presunto desvío de poco más de 96 millones de pesos a través de pagos que salieron de la Unión Ganadera División del Norte y la Financiera División del Norte.
