Luego de que se diera a conocer por parte de un exsiervo de la nación, Hugo Ruiz Esparza una serie de evidencias que acreditan la presunta comisión de actos de corrupción al interior de la Delegación del Bienestar en Chihuahua, en perjuicio de por lo menos 4 mil beneficiarios de las becas federales para adultos mayores, la diputada federal del PAN, Daniela Álvarez Hernández, dio a conocer que también en otros programas existen denuncias por parte de ciudadanos, beneficiarios o ex trabajadores de presuntas irregularidades, por lo cual se solicitó hace un mes una solicitud ante la Secretaría de la Función Pública Federal para que se investigue.
“A raíz de una denuncia de una madre de familia en Ciudad Juárez, donde señaló que se entrega por parte del gobierno federal un apoyo a la escuela por 100 mil pesos para el mejoramiento, sin embargo existen irregularidades como el incremento de los costos, alteración de notas, y compras con un proveedor en lo particular, motivo por el cual se solicitó la investigación”, detalló.
“Cuando yo realizó esta solicitud, me empieza a llegar información también del programa de los adultos mayores, según versiones a trabajadores, ex trabajadores, o personas cercanas al gobierno federal, si existe un modus operandi, en donde personal se está quedando con algún recurso, por lo cual se tiene que investigar sin politizar el tema, sino garantizar de que los apoyos lleguen a las personas vulnerables.
Aclaró la legisladora de Acción Nacional, que siempre ha dicho estar a favor de los programas sociales, pero si en contra de la manera en que se entregan, es decir sin reglas de operación, y sin un blindaje para evitar lo que se está denunciando.
Indicó Álvarez Hernández tener confianza en las instituciones en este caso la SFPF, en que realizará las investigaciones, además que desde la comisión legislativa de Bienestar, darán seguimiento al tema.
Cabe mencionar que son más de cuatro mil documentos foliados, en su mayoría órdenes de pago que se hicieron entre los años 2020 y 2022, donde existen órdenes de pago duplicadas, otras que contienen firmas falsificadas, así como varios recibos de cobros que hicieron empleados del Bienestar a nombre de los beneficiarios, según el ciudadano Hugo Ruiz.
