/ miércoles 1 de junio de 2022

Pena de extorsión, desproporcional; es superior a los delitos contra la vida: Héctor Villasana

Desde su perspectiva, el abogado compartió que el aumento de penas no incide en la disminución de la incidencia delictiva

El abogado penalista Héctor Villasana dio a conocer que el análisis que realizará la Suprema Corte de Justicia de la Nación es acertada, ya que el delito de extorsión en el estado de Chihuahua es una sanción desproporcional que no atiende el principio de la reinserción social y es superior la pena que el bien jurídico más importante como la vida.

“Hay una práctica común y recurrente, donde se piensa que el aumento de las penas disminuye la incidencia delictiva; la primera reacción, cuando hay un incremento en cierto delito, en robo de vehículo en violencia familiar, o cualquier delito, es incrementar la pena, como una reacción inmediata de los legisladores para que políticamente diga que están haciendo algo”, comentó.

Te puede interesar: Necesaria Ley General de Extorsión, en 2020 generaron 20 mil millones de pesos en el país: Coparmex

Desde su perspectiva, el abogado compartió que el aumento de penas no incide en la disminución de la incidencia delictiva, ya que explicó que el incremento de los delitos está relacionado con el problema de la impunidad y otros factores que propician a que diversos delitos sigan en incremento.

Compartió que en uno de los términos por el cual la Suprema Corte entró a analizar esta pena en el estado de Chihuahua, es porque se está priorizando la sanción de una persona, lejos de reinsertarla en la sociedad, que es el principio que establece el sistema penal para que luego de cumplir con una pena las personas sentenciadas puedan reinsertarse a la sociedad.

“El principio del sistema penal es de reinsertar a la persona condenada a la sociedad; con una pena de 30 años, lejos de ser un aliciente para reincorporar a una persona que cometió un delito, no tiene estos fines, tiene un fin vengativo y sancionador, porque una persona de 30 años cumpliendo otra pena de 30 años, qué reinserción va a tener a los 60 años de vida”, expuso.

Explicó que hay una desproporción del bien jurídico tutelado, ya que la vida es el bien jurídico más importante y la pena por el homicidio se mantiene entre los 10 y 20 años, mientras los delitos de carácter sexual rondan los 8 y 20 años, pero por otra parte, indicó, el delito de extorsión supera a éstos con 30 y hasta 70 años.

“La extorsión, que es más un tema patrimonial y mental, las penas son de 30 años, hay una desproporción desmedida, cómo puede tener más pena alguien que extorsionó a alguien que privó de la vida a una persona, ahí nace una desproporción en los temas del legislador”, compartió el abogado.

Héctor Villasana dijo que a los legisladores se les ha facilitado incrementar las penas en los delitos que han tenido un gran auge en la sociedad, pero esto sin haber realizado algún tipo de análisis y violando las reglas constitucionales e internacionales, de que haya una proporción entre la pena y el bien que jurídicamente protege.

Reiteró que el análisis que realizará la Suprema Corte de Justicia es el tema de la desproporción de la pena, pues muchas personas sentenciadas, que ya están listas a reincorporarse, están impedidas porque tienen una pena de 30 años encerradas y quizá pudieran recapacitar con 2 o 5 años de prisión.

“Se debe analizar por caso, determinar qué personas están rehabilitadas, en posibilidad de que hayan analizado y rectificado su conducta para reinsertarlas en la sociedad, no es más que un reflejo de la falta de técnica legislativa, que la primera reacción es aumentar las penas y que ahora la Corte va a asentar un precedente, no es el camino el aumento desproporcional de las penas”, indicó el especialista en Derecho Penal.

El abogado Héctor Villasana hizo una comparativa con las sanciones que se toman en los Estados Unidos, donde las penas son menores a las que se tiene en México, pero que se cumplen cabalmente porque las normas y leyes son más rigurosas que en el país.

“Son penas chicas, son penas de 14 meses, 20 meses, pero se cumplen y todos saben que las sanciones se llevan a cabo, todos saben que no puedes andar sin el cinturón, o tirar basura, aquí podemos transitar a eso, no se requieren penas elevadas, la gente que está en un sistema penitenciario sabe que no necesitas más de cinco años para comprender y reinsertarse en la sociedad”, señaló.

Para el abogado, las penas pueden ser menores para los que cometen un delito, y se podría incrementar las sanciones para aquellas personas que vuelven a reincidir en el mismo u otros delitos, según se plantee cada uno de los casos.

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El abogado penalista Héctor Villasana dio a conocer que el análisis que realizará la Suprema Corte de Justicia de la Nación es acertada, ya que el delito de extorsión en el estado de Chihuahua es una sanción desproporcional que no atiende el principio de la reinserción social y es superior la pena que el bien jurídico más importante como la vida.

“Hay una práctica común y recurrente, donde se piensa que el aumento de las penas disminuye la incidencia delictiva; la primera reacción, cuando hay un incremento en cierto delito, en robo de vehículo en violencia familiar, o cualquier delito, es incrementar la pena, como una reacción inmediata de los legisladores para que políticamente diga que están haciendo algo”, comentó.

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Desde su perspectiva, el abogado compartió que el aumento de penas no incide en la disminución de la incidencia delictiva, ya que explicó que el incremento de los delitos está relacionado con el problema de la impunidad y otros factores que propician a que diversos delitos sigan en incremento.

Compartió que en uno de los términos por el cual la Suprema Corte entró a analizar esta pena en el estado de Chihuahua, es porque se está priorizando la sanción de una persona, lejos de reinsertarla en la sociedad, que es el principio que establece el sistema penal para que luego de cumplir con una pena las personas sentenciadas puedan reinsertarse a la sociedad.

“El principio del sistema penal es de reinsertar a la persona condenada a la sociedad; con una pena de 30 años, lejos de ser un aliciente para reincorporar a una persona que cometió un delito, no tiene estos fines, tiene un fin vengativo y sancionador, porque una persona de 30 años cumpliendo otra pena de 30 años, qué reinserción va a tener a los 60 años de vida”, expuso.

Explicó que hay una desproporción del bien jurídico tutelado, ya que la vida es el bien jurídico más importante y la pena por el homicidio se mantiene entre los 10 y 20 años, mientras los delitos de carácter sexual rondan los 8 y 20 años, pero por otra parte, indicó, el delito de extorsión supera a éstos con 30 y hasta 70 años.

“La extorsión, que es más un tema patrimonial y mental, las penas son de 30 años, hay una desproporción desmedida, cómo puede tener más pena alguien que extorsionó a alguien que privó de la vida a una persona, ahí nace una desproporción en los temas del legislador”, compartió el abogado.

Héctor Villasana dijo que a los legisladores se les ha facilitado incrementar las penas en los delitos que han tenido un gran auge en la sociedad, pero esto sin haber realizado algún tipo de análisis y violando las reglas constitucionales e internacionales, de que haya una proporción entre la pena y el bien que jurídicamente protege.

Reiteró que el análisis que realizará la Suprema Corte de Justicia es el tema de la desproporción de la pena, pues muchas personas sentenciadas, que ya están listas a reincorporarse, están impedidas porque tienen una pena de 30 años encerradas y quizá pudieran recapacitar con 2 o 5 años de prisión.

“Se debe analizar por caso, determinar qué personas están rehabilitadas, en posibilidad de que hayan analizado y rectificado su conducta para reinsertarlas en la sociedad, no es más que un reflejo de la falta de técnica legislativa, que la primera reacción es aumentar las penas y que ahora la Corte va a asentar un precedente, no es el camino el aumento desproporcional de las penas”, indicó el especialista en Derecho Penal.

El abogado Héctor Villasana hizo una comparativa con las sanciones que se toman en los Estados Unidos, donde las penas son menores a las que se tiene en México, pero que se cumplen cabalmente porque las normas y leyes son más rigurosas que en el país.

“Son penas chicas, son penas de 14 meses, 20 meses, pero se cumplen y todos saben que las sanciones se llevan a cabo, todos saben que no puedes andar sin el cinturón, o tirar basura, aquí podemos transitar a eso, no se requieren penas elevadas, la gente que está en un sistema penitenciario sabe que no necesitas más de cinco años para comprender y reinsertarse en la sociedad”, señaló.

Para el abogado, las penas pueden ser menores para los que cometen un delito, y se podría incrementar las sanciones para aquellas personas que vuelven a reincidir en el mismo u otros delitos, según se plantee cada uno de los casos.

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