A poco menos de dos años de haber recuperado su libertad tras haber estado en prisión por cuatro años consecutivos, el ex auditor superior del Estado, Jesús Manuel Esparza Flores se encuentra entregando las denuncias correspondientes en contra de todos aquellos que lo mantuvieron en prisión.
Serán 84 denuncias las que interponga en contra de servidores y exservidores públicos de los tres niveles de gobierno, quienes tuvieron diferentes atribuciones para mantener en prisión al exauditor, quien actualmente se encuentra en libertad condicional, y sin una sola sentencia en su contra.
Comentó que a la fecha se han generado un total de 36 denuncias de las 84 que se esperan entregar, siendo 16 de ellas las presentadas el pasado 9 de febrero ante la Fiscalía General del Estado, así como 10 más que se entregaron ante el Congreso del Estado, para que se iniciaran los procesos administrativos correspondientes.
“Son procedimientos administrativos y otros penales, primero debe iniciarse algunos casos por la vía administrativa, una vez que se agote este proceso, se debe iniciar en la vía penal, o si no se violenta el proceso penal que fue lo que cometieron en muchas ocasiones la pasada administración” señaló.
El abogado Irving Anchondo, explicó que las denuncias corresponden a hechos posiblemente constitutivos de faltas administrativas graves y de varios delitos: asociación delictuosa, delincuencia organizada y ejercicio ilegal del servicio público.
Explicó que los servidores públicos falsearon o modificaron dolosamente información para abrir causas penales, así como testigos que se prestaron a falsedad de testimonios, podrían ser acusados de: delitos cometidos por particulares ante el ministerio público, autoridad judicial o administrativa y delitos en contra del adecuado desarrollo de la justicia cometidos por servidores públicos.
A través de las denuncias presentadas, se solicita dar inicio a las investigaciones correspondientes y solicitar medidas cautelares a efecto de que no se obstaculice la información, pues varios de los denunciados son servidores públicos y podrían ocultar o destruir pruebas o impedir el adecuado desarrollo del procedimiento.
