Ante la aprobación en el Congreso del Estado para reducir las penas por extorsión en el estado, derivado de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el director general Jurídico de la Fiscalía General del Estado, Carlos Mario Jiménez Holguín, reconoció que fue una reforma atinada para cumplir con los lineamientos de la Corte y a la vez refirió que no se afectan los elementos básicos contemplados en la ley.
Mencionó que estos ajustes no significan que los delincuentes que se encuentran pagando penas por extorsión dentro del estado van a salir por esta reforma, e incluso dijo que aunque se podía sentenciar hasta 70 años de prisión, la mayoría de las ocasiones las penas rondaban los 30 a 40 años y nunca se aplicó la máxima en el delito, por lo que consideró que continuará la sentencia en este mismo sentido.
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El funcionario mencionó que, en el pasado, hubo un pronunciamiento de la Primera Sala de la Corte que declaró inconstitucional la punibilidad del delito de extorsión calificada. Como resultado, se realizó un análisis para asegurar la constitucionalidad de las penas y se disminuyó la pena de 30 a 70 años a una agravante de 10 a 30 años o una calificativa de 15 a 40 años. Además, se estableció un título en el código para el delito de extorsión, considerándolo poliofensivo, lo que implica que no sólo afecta un bien jurídico específico, sino varios.
Recordó que el delito de extorsión había experimentado un aumento preocupante a partir del año 2008, convirtiéndose en una problemática nacional que afectó tanto a Ciudad Juárez como al estado de Chihuahua. Los grupos delictivos, antes dedicados principalmente al tráfico de drogas y otros delitos graves, incursionaron en la extorsión y generaron un clima de peligro y desestabilización en diversos sectores, incluyendo restaurantes, bares, taxis y establecimientos comerciales.
Ante este motivo, dijo que el Congreso emprendió acciones para combatir y detener a los líderes de estos grupos delictivos, incrementando las penas y limitando los beneficios penales, en la ejecución de las mismas y que por estas medidas estratégicas permitieron desarticular a los responsables y frenar la extorsión física en gran medida, disminuyendo considerablemente el impacto en la sociedad.
El director de la Fiscalía General del Estado resaltó que la reforma no afecta los elementos básicos del tipo penal de extorsión, que sigue contemplando los mismos criterios. En términos generales, considera que la reforma es positiva y que las penas siguen siendo considerables para combatir eficazmente este delito. Aunque reconoció que cada caso debe ser analizado de manera individual, en general y que la punibilidad establecida permite seguir combatiendo exitosamente la extorsión y garantizar la seguridad de la sociedad.
“No digo que la punibilidad sea lo que impida la residencia, pero sí ayuda mucho el hecho de que sea considerado en la dimensión de la gravedad de las conductas, pero creo que en términos generales la reforma, salva a las problemáticas que se venían presentando y permite una punibilidad suficiente para seguir combatiendo con éxito” explicó.
El exfiscal de Distrito Zona Centro, Carlos Mario Jiménez Holguín, concluyó afirmando que la reforma penal es un paso importante para abordar los desafíos planteados por la extorsión y agradeció al Congreso por atender oportunamente estas problemáticas. Destacó la necesidad de seguir revisando y reformando las leyes para adaptarse a las realidades cambiantes y salvaguardar los intereses de la ciudadanía.
Actualmente la ley, de acuerdo al dictamen aprobado por el Congreso, contempla que el delito de extorsión, tenga penas que van de los 10 a los 30 años de prisión, cuando desde el año 2014, las penas contempladas por el delito eran de 30 hasta 70 años de prisión, lo cual fue considerado inconstitucional por los ministros de la Corte.
