“En en el estado de Chihuahua tenemos los datos en violencia, (donde) muchos de los crímenes cometidos son en este tipo de vehículos”, observó Víctor Cruz, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores en Chihuahua, sobre los autos “chuecos” en la entidad que propone legalizar el Presidente López Obrador.
El líder empresarial lamentó la propuesta por prestarse a legitimar un hecho irregular, toda vez que otras familias sí cuentan con sus papeles en orden. En este sentido, dijo que la decisión es “una falta a la justicia social” contra el “porcentaje muy alto de chihuahuenses que adquieren su vehículo nacional y cumplen con los requisito que marca la ley”.
“Tenemos que ser equitativos con las familias que tienen un auto nacional que pagan su revalidación, sus placas, su seguro. Sería muy lamentable que personas no estén pagando eso y se les vaya a regularizar el auto”, hizo eco de la misma perspectiva Francisco Santini, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Chihuahua. “No podemos legalizar la ilegalidad”, subrayó.
A nivel nacional, la AMDA consideró el decreto “un premio para las mafias que se enriquecen con el contrabando de este tipo de unidades”.
Sergio Ochoa, presidente del Comité Técnico del Fideicomiso para Competitividad y la Seguridad Ciudadana (Ficosec), repudió la propuesta por avalar una ilegalidad.
“El hecho de regularizar manda un mensaje muy negativo de impunidad. Es decir, estamos en un país donde las reglas no valen”, opinó.
En el mismo tenor, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) a nivel nacional manifestó que el anuncio del presidente representa un “cheque en blanco” para la delincuencia y calificó el tema con uno de “alta sensibilidad” para las empresas y la ciudadanía.
Ochoa Muñoz específico que de acuerdo con datos del Ficosec, en delitos donde hay por medio un automóvil, en 90% de los casos se trata de un auto “chueco”. Indicó que por ello el tema de los vehículos irregulares es también un tema de seguridad.
AUTOS CHUECOS, MALA INVERSIÓN FAMILIAR
Víctor Cruz Fierro, presidente de AMDA en Chihuahua, llamó atención al hecho que este tipo de vehículos son riesgo tanto a la persona como al patrimonio. Explicó que de acuerdo con estudios de AMDA, estos automóviles presentan muchas fallas y se vuelven inseguros para las familias que los adquieren.
En muchos casos, se trata de autos considerados de desecho en Estado Unidos, al haber sufrido algún accidente, choque o descompostura mayor, señaló Santini Ramos, presidente del CCE.
Según el líder empresarial, el alto costo en mantenimiento, sin considerar el alto consumo de gasolina y aceite, le cuesta a las familias con vehículos “chuecos” hasta 14 mil pesos anualmente.
“Aquí el mensaje más bien es que la gente no debe comprarse este tipo de vehículos”, dijo Cruz Fierro, y señaló el beneficio de adquirir un automóvil con distribuidores autorizados.
MANIOBRA POLÍTICA DE CADA SEXENIO
El presidente de la AMDA en Chihuahua también estimó que el decreto del Presidente López Obrador es un modo de afianzarse con un grupo electoral rentable, que son las familias que cuentan con vehículos “chuecos”, así como las “mafias de contrabando”.
“Vemos que este tipo de medidas o política es hacer política para ganar votos”, opinó.
El presidente de Ficosec coincidió en este aspecto, al considerar que cada sexenio se repite la misma política de “regularizar lo que estaba ilegal” y agregó que es una política “populista”
“El mensaje de no estado de derecho es nefasto”, dijo.
“No podemos faltar al estado de derecho que tanto necesita nuestro estado”, declaró Santini Ramos al reprobar “querer legalizar este delito cada cinco, cada cuatro años”, lo que consideró “un tema político”.
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