Los cuatro Centros Regionales de Seguridad para el Desarrollo (CRSD), podrán albergar hasta 800 elementos estatales y de la Sedena y cada uno tendrá helipuerto, así como la capacidad para el abastecimiento de aeronaves, centros que se vendrán a sumar a los ya existentes en Madera y Creel.
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Los centros que iniciaron su construcción en Guadalupe y Calvo, San Juanito, Guachochi y Práxedis G. Guerrero tienen el objetivo de desarrollar una mayor eficacia y eficiencia en las labores de vigilancia y control de las actividades ilícitas desarrolladas en el área de influencia del proyecto, donde estos operativos permitirán reiniciar actividades productivas y sociales en los 21 municipios beneficiados.
Cada CRSD contará con torres de vigilancia, área de comando, área de detención, área táctica, área de caninos, edificio y torre de comunicación, plaza cívica (helipuerto), dormitorios, baños, área de atención médica, gimnasio, lavandería, comedor, taller mecánico, servicio de gasolina y estacionamiento.
El proyecto, que ya fue aprobado por el Congreso de Chihuahua, consiste en la construcción y operación de cuatro CRSD bajo el esquema de Asociación Pública Privada y que a decir del fiscal general, César Peniche Espejel, estos centros permitirán ahorros en los costos de operación, renta de habitaciones en hoteles, renta de viviendas, ahorros en combustible, en el mantenimiento de unidades y pago de viáticos.
Además los CRSD otorgarán mayor seguridad y mejores condiciones de trabajo a los elementos que operarán en la zona, resguardados y protegidos de ataques de la delincuencia, en dormitorios adecuados, con servicios básicos y una alimentación acorde a las necesidades de hasta 200 agentes por centro.
Algunas de las problemáticas que explicó el fiscal Peniche con las que se enfrentan la FGE, CES y la AEI son severas dificultades para realizar despliegues de personal y abastecimiento de combustibles, víveres y materiales, donde los grupos delictivos operan plenamente arraigados y con un alto nivel de organización.
Parte de los delitos que se realizan en estas zonas son el desplazamiento forzado de personas, desaparición de personas, despojo de tierras, delitos de alto impacto como homicidios, violación y los originados por el fenómeno del narcotráfico, robo de combustibles, robo a personas, empresas y proveedores así como la tala clandestina.
Al no contar -dijo-, con instalaciones en las zonas afectadas, la Comisión Estatal de Seguridad y la Agencia Estatal de Investigación en sus operativos realiza desplazamientos de personal desde otros municipios.
Lo anterior provoca que haya largos desplazamientos terrestres, tiempos de respuesta no óptimos para atender emergencias y situaciones de riesgo, un estado de fuerza disminuido y en desventaja frente a grupos de delincuencia organizada, altos costos operativos de vehículos, combustibles, viáticos, rentas de inmuebles y hoteles y la utilización de instalaciones inseguras y no apropiadas para el resguardo del personal.
El centro de Guadalupe y Calvo operará también para los municipios de Balleza, El Tule, Huejotitán y Rosario, para abarcar una cobertura territorial de más de 17 mil kilómetros cuadrados.
El CRSD de Guachochi tendrá una zona de influencia en Batopilas y Morelos, con más de 11 mil kilómetros cuadrados de operatividad; el de Práxedis G. Guerrero beneficiará también a los municipios de Guadalupe y Ahumada con una cobertura territorial de más de 23 mil kilómetros cuadrados.
El centro de San Juanito (Bocoyna) abarcará a los municipios de Carichí, Guazapares, Guerrero, Maguarichi, Moris, Ocampo, Urique y Uruachi, es decir tendrán cobertura territorial de más de 25 mil kilómetros cuadrados.
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