DELICIAS.- Rosendo, Juan Carlos y Juan, los agricultores detenidos el 8 de septiembre por el supuesto “acopio de armas”, podrían ser testigos clave en el caso de la muerte de Yéssica Silva, la mujer victimada por efectivos de la Guardia Nacional, lo cual explicaría el proceso en su contra por parte del Poder Judicial Federal.
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Lo anterior se desprende de un comunicado emitido por las familias de los afectados, y el cual fue avalado por los diputados locales tras la sesión ordinaria del Congreso celebrada este jueves, a los pies de la presa La Boquilla.
El escrito, firmado también por presidentes municipales y agricultores, asevera que la intención de culpar injustamente y con evidencias sembradas a los inculpados, obedece a la que Gobierno Federal teme por lo que los tres detenidos vayan a declarar durante el juicio que arrojara a los asesinos de Jesica Silva y el atentado contra la vida de Jaime Torres, ya que son testigos de tales hechos.
Señala que el 16 de septiembre del presente año, se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso de “nuestros hermanos agricultores Rosendo, Juan Carlos y Juan”, donde el Juez Federal Nelson Pedroza Sotelo se encargó única y exclusivamente de perfeccionar la carpeta de investigación del Ministerio Público Federal.
“Todo indica que este Juzgador no es independiente en sus decisiones y tiene la indicación de perjudicar a nuestros compañeros”, se lee en el comunicado.
Fue en la misma audiencia donde se presentó por parte de la defensa un dictamen de balística y criminalística emitido por el Licenciado Víctor Hugo Vique Gutiérrez, quien aseguró “no haber encontrado cargas explosivas ni explosivos en los artefactos que supuestamente traían los inculpados y que les habían sembrado elementos de la guardia nacional al momento de la detención”.
Dicho dictamen asegura que lo presentado por la Guardia Nacional no se encuentra señalado dentro de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así que dichos artefactos no corresponden a un factor con el que se les pueda acusar y además sosteniendo que no son armas ni objetos bélicos de fragmentación y por lo tanto no están considerados como artefactos de riesgo letal.
Lo que el Ministerio Público Federal, presentó al Juez como “Granadas de Fragmentación”, para el forense resultaron ser “contenedores de gas irritantes con características físicas de ser latas cilíndricas metálicas”
Derivado de lo anterior –continúa el escrito- “es inadmisible que nuestros compañeros sigan estando detenidos, que no quepa la menor duda que este acto y esta situación es un estandarte para el Gobierno Federal para amedrentar esta lucha que vivimos todo el Estado de Chihuahua por la Defensa del Agua, ya que nos quieren ver como terroristas”.
Anticipa que los quejosos apelarán dicha resolución emitida y esperarán en el “buen criterio jurídico” del tribunal de alzada, encargado de analizar el caso, y que se haga justicia para los agricultores.
“Con esto se demostrará que en México a nivel Federal existe una real división de poderes y que no sirva un poder para cumplir una orden rapaz del jefe del ejecutivo Federal, porque con la resolución emitida este día nos quedó claro que el juzgador es parcial hacia los interés mezquinos del Presidente de la Republica”, agrega.
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