DELICIAS.- Salvador Alcántar Ortega, diputado federal por el V Distrito, advirtió que continúan las presiones por parte de Tamaulipas para que se entregue agua de las presas de Chihuahua a los agricultores de aquella entidad; asimismo, alertó que la nueva Ley de Aguas Nacionales vulneraría el derecho de los usuarios de riego al acceso al recurso hídrico.
En entrevista, Salvador Alcántar comentó que hace diez días participó en una reunión de la Comisión de Recursos Hidráulicos, a la que asistieron dos diputados de Tamaulipas (uno del PVEM y otro de MORENA), quienes reclamaron el agua que supuestamente es de su estado.
Refirió que los legisladores argumentaron que en el ciclo 35 del Tratado Internacional de Aguas de 1944, Tamaulipas entregó el volumen de agua que correspondía a México.
“Desgraciadamente estas gentes no saben ni donde, no conocen el tratado, nada, y nos dio chance de poder debatir pues yendo un poquito adelante nosotros, argumentando cuál era el tratado… principalmente ellos dicen que es el agua de Tamaulipas, que tiene Chihuahua que estar dando”, señaló.
Sin embargo, el diputado federal rebatió a sus homólogos que los agricultores de Tamaulipas toman, de los ríos San Juan y Álamos, un volumen de agua aproximado de 600 millones de metros cúbicos, los cuales deberían llegar al río Bravo para contribuir al cumplimiento del tratado internacional.
Los tamaulipecos replicaron que se firmó un convenio en los tiempos del presidente Carlos Salinas de Gortari para aprovechar el volumen citado, a lo que Alcántar les respondió que no debe haber ningún acuerdo de esa naturaleza.
El diputado por el V Distrito expresó que hay preocupación, porque los diputados de Tamaulipas están insistiendo en que se extraiga el agua de las presas de Chihuahua, señalando que el ahora gobernador de aquel estado, Américo Villarreal, es el causante del problema, pues cuando era senador comenzó a pugnar porque se abrieran los embalses chihuahuenses.
Otro motivo de inquietud para los usuarios de las presas es la Ley Nacional de Aguas, que de ser aprobada agravaría la situación, porque se limitaría el acceso al recurso hídrico. Entre otras cosas, la nueva ley contempla eliminar la cesión de derechos de agua.
Igualmente, el agua sería administrada por un consejo regional, que determinaría a quién sí y a quién no otorgar concesiones del líquido.
