Autoridades de la comunidad rarámuri Choréachi, también conocida como Pino Gordo, en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, se presentarán en audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el asunto de medidas provisionales respecto de México, el viernes 11 de junio a las 8:00 horas, tiempo de Chihuahua.
En la audiencia participarán cuatro personas de la comunidad que son Prudencio Ayala Chaparro, primer gobernador; Ángel Manchado Ramos, segundo gobernador; Prudencio Ramos Ramos, primer comisario de Policía, y Ángela Ayala Ramos, segunda comisaria de Policía, quienes estarán acompañados por representantes de las organizaciones Alianza Sierra Madre y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres.
Choréachi cuenta con una población de aproximadamente mil personas, y no cuenta con reconocimiento legal del Estado mexicano sobre la posesión ancestral de su territorio. En 1969, por un error técnico, el gobierno mexicano otorgó parte del territorio indígena, que consta de 15 mil 200 hectáreas, a favor de una comunidad de mestizos junto con un permiso para el aprovechamiento del bosque dentro del territorio indígena, lo que ha derivado en un litigio ante los tribunales correspondientes, que impide a los mestizos la tala del bosque, hasta que se resuelva.
Sin embargo, Alianza Sierra Madre denunció que a pesar de las resoluciones judiciales “un grupo de los mestizos de la comunidad vecina -vinculado al crimen organizado que busca mantener el control de la zona-, ha seguido ilegalmente talando el bosque, invadiendo el territorio. Desde finales del 2013 han generado una violencia sistemática en contra de la comunidad consistente en asechamiento constante, amenazas con armas de fuego, robo de ganado, quema de viviendas, violación de mujeres, homicidios y desplazamiento forzado”, explicó.
Los hechos fueron informados a las autoridades, sin embargo, no hubo respuesta mientras se seguía perpetrando la violencia. El 20 de febrero se solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se requiriera al Estado mexicano que adoptara las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de los líderes de la comunidad, que fueron concedidas el 6 de octubre de 2014. Ante la ineficacia de las medidas, la CIDH decidió ampliarlas a todas las personas de la comunidad. Luego del asesinato de Juan Ontiveros, el 1 febrero de 2017, frente a la omisión del Estado, se solicitó la adopción de medidas provisionales, que fueron otorgadas el 25 de marzo del mismo año; y el 10 de junio de 2017 la Corte IDH emitió una segunda resolución sobre las medidas.
Como resultado de la audiencia que se celebrará este viernes, se espera que el Estado mexicano adopte medidas de protección, entre ellas una investigación eficaz de los diversos hechos de violencia, y que exista una coordinación adecuada entre el gobierno federal y estatal; que exista presencia de alguna fuerza de seguridad pública del Estado que inhiba la violencia contra las personas de Choréachi y que no existan acciones que contravengan las resoluciones judiciales que ordenan respetar el territorio indígena.