Óscar Castrejón integrante de la Comisión de Salud Pública y abogado de Morena, informó que espera que el próximo 3 de mayo llegue el recurso de apelación ante el TEJPF en contra de la aprobación por parte del IEE y TEE de la candidatura de María Eugenia Campos con número de expediente RAP65/2021.
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Indicó que el artículo 23 de la Constitución Política del Estado menciona que una persona vinculada a proceso no puede contender a buscar un cargo de elección popular, en el caso de Maru Campos se encuentra contendiendo por la gubernatura.
Resaltó que este recurso será presentado ante la Sala de Guadalajara el próximo 3 de mayo, esperando que las autoridades puedan analizar y dar respuesta a lo que establece la Constitución Política del Estado.
Añadió que se encuentran analizando si presentan una denuncia por enriquecimiento ilícito, basados en la residencia ubicada en Bosques de San Francisco segunda etapa que dejó como garantía para continuar con el proceso en libertad valuado en seis millones 822 mil pesos.
Declaró que en los primeros seis meses de administración de María Eugenia Campos adquirió dos inmuebles, el primero durante enero del 2017 compró la una residencia con un costo de dos millones 483 mil pesos, así mismo en el mismo año el 27 noviembre de igual forma adquirió otra residencia en el mismo sector.
La Comisión de Salud Pública busca que los políticos del estado deben de estar limpios ante cualquier acción que pueda afectar a los ciudadanos, quienes deben de estar al servicio de los ciudadanos.
Finalizó que por parte de Ulises Pacheco ex secretario ejecutivo del sistema estatal de seguridad pública, es quien recibe a Maru Campos en Ciudad Juárez, utilizando vehículos a nombre del gobierno del estado para trasladar a Campos Galván, mismo que está contendiendo a diputado por el segundo distrito en aquella ciudad fronteriza.
Así misma mención que existe la posibilidad de interponer una denuncia por los delitos cometidos por parte Ulises Pacheco, estos serían por peculado y delitos electorales, ya que no se pueden afectar bienes a actividades electorales, como el uso de vehículos oficiales para eventos de los candidatos
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