Grupo Progreso dejó de otorgar créditos agropecuarios

Los accionistas del polémico Banco Unión Progreso o Unidad de Crédito Progreso renunciarán a sus beneficios bancarios debido a una redefinición de la estrategia de negocios y para convenir a los intereses de las entidades que conforman dicho grupo económico, según refiere un documento oficial.

Esta institución bancaria se tornó polémica luego de que el exgobernador César Duarte y uno de sus secretarios de confianza, Jaime Herrera Corral, realizarán un fideicomiso para refinanciarla a través de acciones del banco Banorte con el que pretendían obtener el 15% de la ganancia con la operación del dinero.

“El 9 de septiembre de 2018, Grupo Económico Progreso ingresó a la CNBV un escrito de desistimiento relativa al proceso de Banco Progreso Chihuahua, autorizado en sesión del 21 de marzo de 2014 por la junta de gobierno de la CNBV, así como de la solicitud de aprobación de los estatutos sociales”, revela la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

A siete años de esos movimientos, Banco Progreso de Chihuahua o Akala S.A. de C.V., la institución que le fue vinculada a César Duarte, su esposa Bertha Gómez Fong y Jaime Herrera Corral, dejó de otorgar créditos agropecuarios a los chihuahuense, pese a cumplir con todas las revisiones y pruebas de que no se irá a la bancarrota.

En diciembre de 2017, el Grupo Económico Progreso solicitó a la Comisión Nacional Bancaria de Valores la aprobación de los estatutos sociales del Banco Progreso Chihuahua, en los que se incluye, entre otros temas, el nuevo capital social y el cambio a la denominación social por la de Bancadel.

Los accionistas también solicitaron autorización para la adquisición de más del 5 por ciento de las acciones representativas del capital social del Banco Progreso Chihuahua por parte de las personas que tendrían una participación relevante.

La historia del Banco Progreso tomó relevancia en el año 2014 cuando detectaron 342 transferencias del Gobierno del Estado hacia dicha institución bancaria, donde se contabilizaron por lo menos 80 mil millones de pesos en pagos que salieron hacia esta institución financiera desde la Secretaría de Hacienda.

La asociación Unión Ciudadana, liderada por Jaime García Chávez, fue la encargada de detectar las irregularidades y denunciarlas ante la Procuraduría General de la República (PGR), ya que la Fiscalía General del Estado no había iniciado alguna investigación sobre este presunto desvío de recursos públicos.

En septiembre del 2014, Jaime García Chávez denunció a César Duarte Jáquez y Jaime Herrera Corral por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y uso indebido de atribuciones y facultades, ante la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Para el año 2016, el gobernador Javier Corral Jurado ganó las elecciones al prometer a la sociedad chihuahuense que ejercería acción penal contra el exgobernador y sus excolaboradores, lo cual hasta el momento ha dejado una decena de detenidos por los desvíos cometidos durante el 2010 al 2016, sin que Duarte sea capturado.

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En ese mismo año, la Procuraduría General de la República inició la investigación contra el exgobernador y los presuntos desvíos que realizó al Banco Unión Progreso, pero en el 13 de marzo del 2018 la misma Procuraduría decidió no ejercer acción penal contra Duarte Jáquez por esos señalamientos formalmente denunciados en el 2014.

Actualmente el exgobernador César Duarte Jáquez se encuentra fuera del estado de Chihuahua y ha sido fichado por la Interpol como un “prófugo de la justicia”, sin que hasta el momento se realice una solicitud de extradición para que pague por sus delitos cometidos durante su gestión como gobernador.