Los servidores públicos vinculados a la distracción de 246 millones de pesos a través de 4 contratos celebrados por la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte con empresas “fantasma” buscaron borrar sus huellas presionando a otros funcionarios para que avalaran la contratación de los servicios a través de los cuales desviaron los recursos públicos.

Lo anterior quedó establecido durante la audiencia para el procedimiento abreviado a Ricardo Yáñez Herrera, en la que se leyeron testimonios de testigos protegidos, así como declaraciones de ex servidores públicos que tuvieron conocimiento de los hechos.

Una de las declaraciones, la de Raúl Chávez, quien fungía como contralor durante el periodo que se distrajeron los recursos, establece que en todo momento se negó a acceder a que uno de sus empleados avalara el contrato por el cual se había adquirido software para la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte por 90 millones de pesos.

Según obra en los testimoniales, el secretario de Hacienda en aquel entonces, Jaime Ramón Herrera Corral, así como el propio Ricardo Yáñez, presionaron al ex contralor estatal para que se avalara el contrato.

La negativa del funcionario llevó a que incluso el mismo exgobernador César Duarte Jáquez interviniera en el asunto para presionar nuevamente y que se avalara la contratación de los servicios de una empresa fantasma.

El abogado Mario Trevizo Salazar, testigo protegido en el caso, también declaró tener conocimiento de las presiones por parte del ex gobernador César Duarte Jáquez a la Secretaría de la Contraloría para avalar el contrato.

Incluso, en el testimonial del ex consejero jurídico y ex secretario general de Gobierno, se cita una reunión convocada por César Duarte, en la que participaron Raúl Chávez y Ricardo Yáñez. En dicha reunión se tuvo una álgida discusión del porqué no avalaba el contralor el contrato.

Así varios funcionarios de segundo y tercer nivel dieron sus testimonios de cómo Ricardo Yáñez, Gerardo Villegas Madriles y Karla Jurado Bafidis buscaron borrar las huellas del desvío de los recursos públicos.

En los testimoniales también obran declaraciones del exauditor Jesús Manuel Esparza Flores, en las que asegura a Raúl Chávez, que él tenía la facultad como auditor superior para “pasar” los contratos.