Joaquín Solorio Urrutia y Uriel Alejandro Solorio Solís entregaron sus escoltas debido a que Gobierno del Estado no proporciona los recursos para que realicen su labor de acompañamiento, desde noviembre de 2012 empezaron a presentar problemas, pero a partir de enero de este año se les redujo a mil pesos la dotación de combustible, lo que ha derivado en que no puedan cumplir con su labor.
El acompañamiento se debe a las medidas cautelares 388/12 dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de Integrantes de la organizaciones de El Barzón Chihuahua, por lo que hacen responsables al gobernador Javier Corral Jurado, al fiscal general César Augusto Peniche Espejel y a la comisionada estatal de Atención a Víctimas, Irma Villanueva Nájera, de cualquier agresión que puedan sufrir ellos y sus familias.
Desde febrero los representantes legales entregaron un oficio a la Fiscalía General del Estado para informar acerca de la situación del servicio de escoltas personales que realizaban los agentes adscritos a la Fiscalía General del Estado e implementadas como medida de protección a favor de Joaquín Solorio Urrutia y Uriel Alejandro Solorio Solís, así como otros 7 beneficiarios.
En el mencionado oficio se les dio a conocer sobre las cuestiones administrativas que han obstaculizado el desempeño de los agentes en la protección de personas defensoras de derechos humanos.
La situación se tornó más grave a finales del mes de enero de este año, cuando se determinó reducirles el combustible para los vehículos a mil pesos por semana, por la falta de gasolina sólo se proporciona acompañamiento 3 días a la semana, lo que dejó desprotegidos a los beneficiarios, pues es insuficiente para cubrir los traslados.
Aunado a que los vehículos asignados requieren constantes reparaciones y su permanencia en el taller es considerable.
Otro de los aspectos es que los escoltas son constantemente reemplazados sin consultar con los beneficiarios, lo que es delicado debido a que deben acompañarlos en sus acciones cotidianas.
Al no encontrar respuesta a casi cinco meses, dos de los beneficiarios decidieron entregar el servicio de acompañamiento y poner a disposición a los agentes asignados, pues el funcionamiento del mecanismo de protección es deplorable.
El documento fue entregado a las instancias que responsabilizan de cualquier cosa que pudiera pasarles. En la oficina de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se recibió ayer a las 13:31 horas.
