/ jueves 12 de julio de 2018

Nuevo cargo por 50 mdp contra el duartista Antonio Tarín

Pagó contrato de asesoría en comunicación social con una empresa que jamás prestó el servicio

Una nueva acusación como creador de empresas fantasmas y por un nuevo desvío de 50 millones de pesos, le fueron imputados a Antonio Tarín García, exdirector de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua.

La juez de Control, Delia Valentina Meléndez, impuso ocho meses de prisión preventiva al exdirector de Adquisiciones, Antonio Tarín García, para garantizar su comparecencia en la audiencia de vinculación o no a proceso, dentro de la causa penal 2299/2017, relativa al delito de peculado agravado.

El Ministerio Público señaló que existe riesgo de que Tarín García se sustraiga de la acción de la justicia por no contar con arraigo en la ciudad de Chihuahua, donde debe ser juzgado por ser el lugar donde se cometieron los hechos.

En este sentido, la jueza coincidió con la refutación de la defensa en este punto pues es evidente que Tarín puede ser ubicado en el Cereso 1 de Aquiles Serdán donde se encuentra recluido por las causas penales del fuero común: 1260/2017, 2289/2017, 1841/2017, 2675/2017, 2159/2017 y 1232/2018 por el delito de peculado agravado, así como una del fuero federal por el desvío de 250 millones de pesos

El Ministerio Público señaló que en el 2016 el imputado participó, junto a otros funcionarios y personas externas a la administración, en la sustracción de 50 millones de pesos del erario a través de la simulación de un procedimiento administrativo de contratación de servicios entre la Coordinación de Comunicación Social y la empresa Centro de Acción Empresarial Altea SA de CV.

El 19 de mayo de 2016 se firmó el contrato SH/AD/005/2016 entre la Secretaría de Hacienda, representada por el entonces director de Administración, Gerardo Villegas Madriles y el representante legal de Altea por el concepto de asesorías en materia de comunicación social.

El Ministerio Público aseguró que el Comité de Adquisiciones, encabezado por Antonio Tarín, emitió y firmó los dictámenes de excepción a la licitación pública y acta de adjudicación directa, respectivamente.

Para justificar la erogación, se utilizó el respaldo de enero a junio de 2016 de los testigos de las campañas publicitarias de Comunicación Social como evidencia de los servicios prestados.

En otras audiencias por otras causas penales y en ésta, testigos con identidad reservada manifestaron que Tarín García participó en un desvío por un monto de 120 millones de pesos a través de la simulación de cuatro contratos entre la Coordinación de Comunicación Social y diversas empresas facturadoras, en el 2016, para así cumplir con la orden del exgobernador César Duarte Jáquez de extraer recursos públicos para inyectarlos en las campañas electorales de ese año.

Una persona que se identificó como exdirector de Egresos comentó que en el 2016 el secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral le informó que se le solicitaría una suficiencia presupuestal de 120 millones de pesos por parte de la Coordinación de Administración, encabezada por Ever Aguilar Sandoval, la cual debía ser aprobada y fechada en enero del 2016 por orden de César Duarte Jáquez. Dicha solicitud fue aprobada y firmada por el propio testigo y otros funcionarios como David Alonso Ramírez y Olivia Evangelina Luévano Sánchez.

De acuerdo con las declaraciones ministeriales, el exdirector de Adquisiciones contactó a las empresas Centro de Acción Empresarial Altea SA de CV; Green Ideas Publicidad SA de CV; Consultoría en Gobernanza GB de SC y Guzmán y Cedillo SA de CV, a las cuales asignó una cantidad de dinero y un concepto distintos.

Los cuatro contratos con cada una de las empresas fueron firmados por Gerardo Villegas, los representantes de las morales pero sin la rúbrica del entonces coordinador de Comunicación Social, Federico Guevara Ramos, por lo que fue necesario recurrir a Irma Caro, quien signó el Formato Único de Solicitud (FUS), el dictamen de excepción a la licitación pública, el fallo adjudicatorio y el contrato, a lo que finalmente accedió tras realizar algunas modificaciones.

La juez señaló el día lunes 16 de julio a las 9:00 horas para desahogar la audiencia de vinculación o no a proceso.


Una nueva acusación como creador de empresas fantasmas y por un nuevo desvío de 50 millones de pesos, le fueron imputados a Antonio Tarín García, exdirector de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua.

La juez de Control, Delia Valentina Meléndez, impuso ocho meses de prisión preventiva al exdirector de Adquisiciones, Antonio Tarín García, para garantizar su comparecencia en la audiencia de vinculación o no a proceso, dentro de la causa penal 2299/2017, relativa al delito de peculado agravado.

El Ministerio Público señaló que existe riesgo de que Tarín García se sustraiga de la acción de la justicia por no contar con arraigo en la ciudad de Chihuahua, donde debe ser juzgado por ser el lugar donde se cometieron los hechos.

En este sentido, la jueza coincidió con la refutación de la defensa en este punto pues es evidente que Tarín puede ser ubicado en el Cereso 1 de Aquiles Serdán donde se encuentra recluido por las causas penales del fuero común: 1260/2017, 2289/2017, 1841/2017, 2675/2017, 2159/2017 y 1232/2018 por el delito de peculado agravado, así como una del fuero federal por el desvío de 250 millones de pesos

El Ministerio Público señaló que en el 2016 el imputado participó, junto a otros funcionarios y personas externas a la administración, en la sustracción de 50 millones de pesos del erario a través de la simulación de un procedimiento administrativo de contratación de servicios entre la Coordinación de Comunicación Social y la empresa Centro de Acción Empresarial Altea SA de CV.

El 19 de mayo de 2016 se firmó el contrato SH/AD/005/2016 entre la Secretaría de Hacienda, representada por el entonces director de Administración, Gerardo Villegas Madriles y el representante legal de Altea por el concepto de asesorías en materia de comunicación social.

El Ministerio Público aseguró que el Comité de Adquisiciones, encabezado por Antonio Tarín, emitió y firmó los dictámenes de excepción a la licitación pública y acta de adjudicación directa, respectivamente.

Para justificar la erogación, se utilizó el respaldo de enero a junio de 2016 de los testigos de las campañas publicitarias de Comunicación Social como evidencia de los servicios prestados.

En otras audiencias por otras causas penales y en ésta, testigos con identidad reservada manifestaron que Tarín García participó en un desvío por un monto de 120 millones de pesos a través de la simulación de cuatro contratos entre la Coordinación de Comunicación Social y diversas empresas facturadoras, en el 2016, para así cumplir con la orden del exgobernador César Duarte Jáquez de extraer recursos públicos para inyectarlos en las campañas electorales de ese año.

Una persona que se identificó como exdirector de Egresos comentó que en el 2016 el secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral le informó que se le solicitaría una suficiencia presupuestal de 120 millones de pesos por parte de la Coordinación de Administración, encabezada por Ever Aguilar Sandoval, la cual debía ser aprobada y fechada en enero del 2016 por orden de César Duarte Jáquez. Dicha solicitud fue aprobada y firmada por el propio testigo y otros funcionarios como David Alonso Ramírez y Olivia Evangelina Luévano Sánchez.

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