El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en el estado, Federico Baeza Mares, expresó que el sector patronal está “terminantemente en contra de cualquier proyecto que implique la regularización de autos importados de manera ilegal”, y aseguró que en su lugar los tres órdenes de Gobierno en la entidad pueden implementar una estrategia para disminuir la presencia de estos vehículos, que involucre dos programas simultáneos: uno de chatarrización y otro para retornar a Estados Unidos aquellos vehículos que se encuentran en buenas condiciones.
Tras destacar otros programas de chatarrización como el de vehículos pesados (tráilers) que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lleva a cabo año con año, Baeza Mares señaló que “el 60% de los autos chocolate en el país son chatarra, tiran aceite en las calles, y por su antigüedad representan en muchas ocasiones un riesgo para sus usuarios”, por lo que hizo énfasis en la necesidad de que el Gobierno del Estado, en coordinación con el federal, implemente un programa similar para los vehículos importados ilegalmente.
Asimismo, aseguró que el resto de estos vehículos cumplen con las características que aseguran un buen rendimiento, mas deben ser devueltos a su país de origen, “a sus dueños originales”.
“Entendemos que es una gran problemática y nos ponemos en los zapatos de quienes tienen la necesidad de adquirir uno de estos vehículos, pero debe prevalecer el Estado de derecho, y las autoridades deben de hacer valer la cultura de la legalidad, estos vehículos han ingresado de una manera ilegal y no puede ser permitido bajo ningún motivo legalizarlos”.
Por otra parte, consideró que las cuatro aduanas en la entidad “han sido permisivas con el ingreso de estos automóviles”, por lo que enfatizó en que el SAT debe “poner más candados” para frenar la importación ilegal”, ya que según expuso el número de autos ilegales en la entidad es tal que incluso si las autoridades locales decidieran implementar un operativo general para decomisar las unidades, el número de elementos resultaría insuficiente.
“Es indispensable que este tipo de vehículos salgan de circulación, dañan el ambiente, la mayoría son utilizados para la comisión de delitos, no pagan tenencia ni ningún impuesto, por eso lo mejor sería establecer fechas límite para la implementación de estrategias como la de chatarrización”, mencionó.
AFECTAN CHUECOS AL MERCADO LOCAL
“La circulación y permisividad en la entrada de autos chuecos definitivamente afecta al mercado local de la venta de vehículos nuevos y seminuevos, aunque el decomiso no es la solución porque es un tema sensible para quienes poseen uno de estos autos”, señaló la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Claudia Manríquez Gardea.
“Una posible solución sería la legalización pero con condiciones y límites estrictos, no se puede perjudicar a una industria que paga impuestos pero sobre todo genera empleos, porque aunque ciertamente ya están aquí los autos ‘chocolate’, se le debe poner un alto a su proliferación, o repercutirán aún más en la industria automovilística”, abundó.
Sin embargo, la líder del sector industrial señaló que el empresariado local está consciente de que el adquirir un vehículo nacional puede resultar oneroso para sectores específicos de la sociedad, por lo que opinó que de implementarse un programa de regularización a nivel federal, “se establezcan de manera clara y definitiva los límites que establezcan un ‘hasta aquí’”.
QUE CUMPLAN CON OBLIGACIONES FISCALES
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Chihuahua, Carlos Fierro Portillo, enfatizó en que de aprobarse un programa de regularización para automóviles importados de manera ilegal, mejor conocidos como autos “chocolate”, será prioritario garantizar por la vía legal que los dueños de dichos vehículos cumplan con las obligaciones fiscales, “como lo hacemos todos los que adquirimos un automóvil en territorio nacional siguiendo todas las reglas”.
“En la Cámara de Comercio estamos a favor del Estado de derecho, todos los automóviles que pertenecen a quienes radican en el país deben estar pagando los impuestos correspondientes, y además estar debidamente identificados y pertenecer a un registro, cosa que con los autos chocolates no ocurre”, declaró.
Así mismo, opinó que “lo ideal es que no entren al país, no de la manera en que actualmente son introducidos, pero es una tarea que compete al personal de Aduanas y a la mucha o poca permisividad que haya”, subrayando que “si hay gente que los compró de buena fe, sin intenciones de delinquir o romper la ley, lo ideal será que de aprobarse un proyecto por el nuevo gobierno, todos respeten la ley”.
Por otra parte, consideró que el decomiso de estos vehículos llega a generar problemáticas sociales “muy fuertes” en aquellas ciudades con normativas más estrictas al respecto, y señaló que actualmente se tiene noticia de ciudades en el país donde hasta el 50 por ciento de los vehículos que circulan fueron importados de manera ilegal, por lo que hizo hincapié en que “todos paguen sus impuestos, como todos lo hacemos al comprar un auto”.
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