Luego de que el Congreso del Estado aprobara la reducción a 30 años la condena máxima y a cinco la mínima en caso de extorsión; el diputado local, Francisco Sánchez, dijo que al declarar la Suprema Corte inconstitucional la pena vitalicia, fue necesaria la modificación, ya que de lo contrario, 190 extorsionadores estarían libres.
Por lo anterior, el diputado local indicó que esta es una cuestión jurídica, ya que la realidad es que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la pena que actualmente existe, es decir, si no se hubiera realizado esta modificación, cerca de 190 extorsionadores estarían libres.
“En realidad, lo que se está efectuando con esta iniciativa es evitar la salida de personas que están sujetas a un proceso penal, incluso muchas de ellas con una sentencia, me parece que es una medida acertada, pero se tiene que ver de manera integral; es decir, si pensamos solamente en que se reduce, tal vez el mensaje sea nocivo o sea negativo, la realidad es que se está buscando una estrategia jurídica para evitar que 190 extorsionadores que actualmente están recluidos en los centros de reinserción salgan libres”, dijo.
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El legislador, mencionó que lo necesario es lograr que se abata la impunidad, que las personas que incurren en un delito grave paguen las consecuencias y cuando estén en un centro de reinserción social, realmente haya “mano dura”.
“Estas personas que no se tentaron el corazón para ir en contra de quienes producen, que generan, realmente no estén señoreando en los centro de reinserción y sea el gobierno quien ponga orden en estos espacios”, señaló.
Francisco Sánchez argumentó que la Fiscalía General del Estado ha seguido fortaleciendo en este aspecto, por lo que confía en que las autoridades realizarán un buen trabajo, sobre todo porque el problema de inseguridad persiste todavía en el país.
“En la sesión en Ciudad Juárez presenté una iniciativa para catalogar el delito de narco terrorismo y además para que el Estado cuente con un centro de confinamiento para narcoterroristas, un centro de máxima seguridad, lo que era las instalaciones del Ceferesi número 9 a las afueras de la ciudad fronteriza que abandonó el Gobierno Federal”, detalló.
Reafirmó que el objetivo es que haya un espacio de máxima seguridad para que los centros de reinserción no sean los criminales los que estén señoreando y sean precisamente las autoridades que impongan el orden, “Porque no estamos tratando con niños de pecho, estamos tratando con delincuentes desalmados y tienen que ser tratados como tal”.
Nota publicada en: El Sol de Parral
