/ jueves 23 de mayo de 2024

Pide padre custodia de su hija por posible agresión de su expareja

Hasta la fecha, el padre no ha podido ejercer su derecho de convivencia con su hija

Lo que comenzó como un esperado reencuentro entre un padre y su hija después de cuatro meses de separación, rápidamente se transformó en un conflicto legal y emocional que pone de manifiesto las complejidades y deficiencias del sistema de protección infantil.

El 10 de mayo, María Laura García Carrillo permitió que su hija, identificada por sus iniciales E.M.M.G., pasara tiempo con su padre y la familia paterna, un permiso que se otorgó tras cuatro meses de separación forzada. Según un convenio modificado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Judicial Morelos en el expediente 88/24, el padre debía tener la custodia de la menor de viernes a lunes, recogiéndola al salir de la escuela y devolviéndola el lunes al ingreso escolar, sin embargo, este acuerdo no se había respetado en los últimos meses.

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Erick, el padre de la menor reveló un preocupante patrón de abuso por parte de la madre a su hija, pues narró episodios de maltrato físico y psicológico, como el ser golpeada con trapos, ser arrojada del sofá, privaciones de comida y ser castigada en el patio bajo condiciones insalubres, además, denunció insultos hacia su padre, incluyendo comentarios despectivos.

Conmovido por las revelaciones de su hija, el padre decidió llevarla a la Fiscalía de la Mujer (FEM) el 13 de mayo, donde se realizaron pruebas psicológicas y el proyecto "Antenas", donde se facilitó que la menor se expresara. La FEM, al evaluar las pruebas, decidió poner a la menor bajo la custodia del Estado a través del DIF, considerando lo mejor para su bienestar entregarla temporalmente a su padre con una carta de integración.

Refirió que la situación se complicó cuando la madre, María Laura, junto con su abogada Brenda Padilla Robles, acusaron al padre de sustracción de menores. Publicaron fotos en redes sociales alegando que la menor había sido llevada sin su consentimiento, generando una imagen negativa del padre y amenazas de represalias de parte del hermano de María.

El 16 de mayo el padre recibió un citatorio para presentarse ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual Contra la Familia. Durante la audiencia, la coordinadora de la unidad, Lorena Martínez Vigil acusó al padre de cometer un delito y planteó tres opciones: firmar una declaración admitiendo el delito, ser detenido, o enviar a la menor a un albergue del DIF.

El 17 de mayo comentó que la madre incumplió el acuerdo alcanzado en la Fiscalía, lo que llevó al padre y su abogada a presentar una denuncia, según el padre, aseguró que la coordinadora de la unidad, en una discusión acalorada, desestimó la validez de la integración del DIF y defendió su decisión de reintegrar a la menor con su madre.

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El padre comentó que la situación continuó deteriorándose, con acusaciones cruzadas y amenazas, por lo que el 18 de mayo se realizó una comparecencia de nuevos hechos en la Fiscalía de la Mujer, donde se reafirmó que la menor no debía haber sido reintegrada con su madre. El 20 de mayo, el padre y su abogada acudieron al DIF para discutir los nuevos hechos y obtener una copia certificada de la carpeta de investigación, encontrando resistencia y enfrentamientos verbales en la unidad especializada.

Hasta la fecha, el padre no ha podido ejercer su derecho de convivencia con su hija, quien sigue atrapada en un entorno de incertidumbre y conflicto, por lo que señala en las profundas fallas en la coordinación y actuación de las autoridades encargadas de la protección infantil. La menor, en medio de una amarga disputa de custodia, enfrenta una situación de vulnerabilidad extrema, subrayando la urgente necesidad de reformas y un enfoque más compasivo y coherente en la administración de justicia familiar.

Lo que comenzó como un esperado reencuentro entre un padre y su hija después de cuatro meses de separación, rápidamente se transformó en un conflicto legal y emocional que pone de manifiesto las complejidades y deficiencias del sistema de protección infantil.

El 10 de mayo, María Laura García Carrillo permitió que su hija, identificada por sus iniciales E.M.M.G., pasara tiempo con su padre y la familia paterna, un permiso que se otorgó tras cuatro meses de separación forzada. Según un convenio modificado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Judicial Morelos en el expediente 88/24, el padre debía tener la custodia de la menor de viernes a lunes, recogiéndola al salir de la escuela y devolviéndola el lunes al ingreso escolar, sin embargo, este acuerdo no se había respetado en los últimos meses.

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Erick, el padre de la menor reveló un preocupante patrón de abuso por parte de la madre a su hija, pues narró episodios de maltrato físico y psicológico, como el ser golpeada con trapos, ser arrojada del sofá, privaciones de comida y ser castigada en el patio bajo condiciones insalubres, además, denunció insultos hacia su padre, incluyendo comentarios despectivos.

Conmovido por las revelaciones de su hija, el padre decidió llevarla a la Fiscalía de la Mujer (FEM) el 13 de mayo, donde se realizaron pruebas psicológicas y el proyecto "Antenas", donde se facilitó que la menor se expresara. La FEM, al evaluar las pruebas, decidió poner a la menor bajo la custodia del Estado a través del DIF, considerando lo mejor para su bienestar entregarla temporalmente a su padre con una carta de integración.

Refirió que la situación se complicó cuando la madre, María Laura, junto con su abogada Brenda Padilla Robles, acusaron al padre de sustracción de menores. Publicaron fotos en redes sociales alegando que la menor había sido llevada sin su consentimiento, generando una imagen negativa del padre y amenazas de represalias de parte del hermano de María.

El 16 de mayo el padre recibió un citatorio para presentarse ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual Contra la Familia. Durante la audiencia, la coordinadora de la unidad, Lorena Martínez Vigil acusó al padre de cometer un delito y planteó tres opciones: firmar una declaración admitiendo el delito, ser detenido, o enviar a la menor a un albergue del DIF.

El 17 de mayo comentó que la madre incumplió el acuerdo alcanzado en la Fiscalía, lo que llevó al padre y su abogada a presentar una denuncia, según el padre, aseguró que la coordinadora de la unidad, en una discusión acalorada, desestimó la validez de la integración del DIF y defendió su decisión de reintegrar a la menor con su madre.

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El padre comentó que la situación continuó deteriorándose, con acusaciones cruzadas y amenazas, por lo que el 18 de mayo se realizó una comparecencia de nuevos hechos en la Fiscalía de la Mujer, donde se reafirmó que la menor no debía haber sido reintegrada con su madre. El 20 de mayo, el padre y su abogada acudieron al DIF para discutir los nuevos hechos y obtener una copia certificada de la carpeta de investigación, encontrando resistencia y enfrentamientos verbales en la unidad especializada.

Hasta la fecha, el padre no ha podido ejercer su derecho de convivencia con su hija, quien sigue atrapada en un entorno de incertidumbre y conflicto, por lo que señala en las profundas fallas en la coordinación y actuación de las autoridades encargadas de la protección infantil. La menor, en medio de una amarga disputa de custodia, enfrenta una situación de vulnerabilidad extrema, subrayando la urgente necesidad de reformas y un enfoque más compasivo y coherente en la administración de justicia familiar.

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